Las cárceles son de los mafiosos

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En febrero de este año, el entonces ministro de Justicia, Daniel Benítez, confesó que “el sistema penitenciario ha colapsado”, en tanto que el defensor del Pueblo, Rafael Ávila, dijo en mayo que es “una bomba de tiempo que no da para más”. Bajo el actual Gobierno, el colapso continúa, y al parecer ha empeorado, según surge del motín desatado en octubre por el Clan Rotela en la cárcel de Tacumbú –que aún controla– y del reciente hallazgo de grandes lotes de drogas ilícitas y bebidas alcohólicas en la Penitenciaría de Ciudad del Este. Esos bienes de consumo, descubiertos en la celda de un narcotraficante libanés, habrían venido siendo introducidos a diario en una furgoneta, con la presunta participación de las altas autoridades carcelarias. Es notorio que el crimen organizado está tomando el control del sistema penitenciario.

En febrero de este año, el entonces ministro de Justicia, Daniel Benítez, confesó que “el sistema penitenciario ha colapsado”, en tanto que el defensor del Pueblo, Rafael Ávila, dijo en mayo que es “una bomba de tiempo que no da para más”. Bajo el actual Gobierno, el colapso continúa, y al parecer ha empeorado, según surge del motín desatado en octubre por el Clan Rotela en la cárcel de Tacumbú –que aún controla– y del reciente hallazgo de grandes lotes de drogas ilícitas y bebidas alcohólicas en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Esos bienes de consumo, descubiertos en la celda de un narcotraficante libanés, habrían venido siendo introducidos a diario mediante una furgoneta, con la presunta participación del propio director Rubén Ireneo Lombardo, del coordinador de Seguridad Francisco Javier Ramírez, de un guardiacárcel y otras dos personas que probablemente metieron las drogas y las bebidas alcohólicas con el vehículo.

El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, que nombró en su cargo al director presuntamente corrupto, quien ocupó el mismo cargo en la prisión regional de Coronel Oviedo, afirmó que el ocupante de la celda era de “alta peligrosidad”, reconoció que “todo indica una situación realmente escandalosa” y que lo ocurrido demuestra que las bandas criminales siguen operando desde las cárceles. Ninguna novedad. Por su lado, el jefe de Patrimonio del reclusorio, Modesto Báez, dijo con mucha valentía que “las autoridades saben de esto, pero no se estaba procediendo desde arriba”, esto es, en el Ministerio se hacía la vista gorda.

El escándalo no es novedoso, pues en mayo se había hecho un descubrimiento similar en un pabellón de la misma cárcel, ocupado por miembros del Primer Comando da Capital: el entonces director Roberto Emilio Riveros fue apartado del cargo y el establecimiento intervenido durante un mes, sin que hubiera consecuencias penales. Nunca las hay. Esta vez, el ministro de Justicia advirtió a los funcionarios y directores de cárceles que están siendo controlados y que su instrucción es enfrentar al crimen organizado, dentro y fuera de las prisiones. ¡Veremos! Por de pronto, habría que empezar por enfrentarla en la de Tacumbú, aunque más no sea para que su director Luis Esquivel, el tercero designado por el ministro Barchini, al menos pueda recorrer sus instalaciones, sin permanecer en su oficina aparentemente por orden del clan allí reinante.

En verdad, hay que vigilar no solo a los internos, sino también a los agentes carcelarios de todo el país, porque la mafia tiene mucho dinero y la selección del personal no responde a méritos ni a aptitudes. Por cierto, el mencionado jefe de patrimonio de la penitenciaría esteña pidió que se evite el cuoteo político en la designación del nuevo director, lo que resulta muy razonable. El mencionado exministro Daniel Benítez descubrió la pólvora al señalar también que el mayor problema es “la corrupción y la falta de preparación” de los funcionarios, pero está bien que lo haya dicho para que no se crea que la cuestión se reduce a construir nuevas cárceles para reducir el hacinamiento. La podredumbre está por dentro.

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Es notorio que el crimen organizado está tomando el control del sistema penitenciario, que reúne a unos 17.500 internos. Se impone tomar medidas de fondo para recuperarlo.

Si desde las cárceles se encargan asesinatos por teléfono móvil, al decir del excomandante de la Policía Nacional, comisario general Gilberto Fleitas, es porque sigue paralizado el proyecto de bloquear las llamadas con ese aparato; habrá que ver si al ministro Barchini se le ocurre algo al respecto. Desde luego, es preciso hacer mucho más para que las prisiones cumplan con su función de readaptar a los condenados y proteger a la sociedad. Por de pronto, se dedican a todo lo contrario, por lo que por lo menos debería impedirse a los mafiosos continuar manejando la criminalidad desde las cárceles. Pero, en suma, nada indica hasta ahora que el ministro Barchini esté a la altura del cargo: la incautación de drogas y armas blancas realizada en el reclusorio de Tacumbú fue solo un nuevo “teatro” para incautos.