Ayer caducó el plazo para que, según se entendía, el consorcio Parxin proporcione respuestas a las denuncias ciudadanas en torno a las fallas y a la usabilidad de la aplicación móvil multiplataformas del sistema integrado en la suspendida ejecución del proyecto de estacionamiento tarifado y controlado durante quince años. También se denunció que el concesionario no facturó por sus primeros ingresos ni completó las señalizaciones, mientras los “cuidacoches” seguirían haciendo de las suyas, aunque no haya denuncias formales al respecto. Pero, a juzgar por lo manifestado en la víspera por el jefe de Gabinete de la municipalidad, Nelson Mora, las deficiencias apuntadas, que por lo visto son bastante serias, requerirán más tiempo para su solución, ya que en las próximas semanas Parxin continuará presentando informes periódicos sobre cuanto ha hecho para solucionar los problemas acaecidos y recién entonces la municipalidad resolvería qué hacer. Cabe la pregunta: ¿no constituye esto una muestra suficiente de falta total de la experiencia exigida en el contrato de adjudicación del estacionamiento tarifado firmado con Parxin?
Por de pronto, el jefe de Gabinete, que ignora quiénes dirigen las empresas consorciadas Onix S.A. y Geolatina S.A., dijo que él no es muy partidario de cancelar el contrato, pues la administración municipal ya había sido condenada a una indemnización, incluso por la Corte Suprema de Justicia en 2022, tras haberlo rescindido en 2017, bajo la gestión del intendente Mario Ferreiro, porque el consorcio no habría garantizado el fiel cumplimiento del contrato. Lo que busca es confundir porque las causales de esa rescisión serían muy distintas a los problemas actuales.
En primer lugar, la concesión fue adjudicada basada en un pliego de bases y condiciones que exigía que la firma líder del consorcio haya gestionado durante al menos tres años tres mil sitios de parqueo que hubieran generado ingresos no inferiores a veinte millones de dólares. Parxin aparentemente violó dicho requisito el 13 de junio de 2016, cuando su componente Geolatina S.A., sin previo permiso municipal, adquirió parte de las acciones de Onix S.A. y pasó a ser la empresa de mayor paquete accionario, con el 60%, suponiéndose que sería la líder del consorcio. Pero Parxin aclaró que ese papel lo seguía ostentando Onix S.A. De modo que, con este desbarajuste, se entiende que se hayan generado los graves inconvenientes que han motivado la suspensión de la ejecución del contrato, por tiempo indefinido.
Si, como corresponde, se resolviera rescindirlo ahora por unos motivos distintos al anterior, no se estaría desobedeciendo ningún fallo de la máxima autoridad judicial. Las reglas del juego fueron violadas aparentemente por el consorcio al modificar su composición accionaria; luego, se suscitaron serias deficiencias en perjuicio de los usuarios, que hasta la fecha no habrían sido subsanadas. He aquí las cuestiones de fondo que obligan a dejar sin efecto el documento que regula un proyecto concebido y ejecutado de la peor manera. A la mala fe del consorcio, se sumó la condescendencia del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) y de la mayoría de los concejales quienes, además, aprobaron el cobro nocturno del estacionamiento, no contemplado al principio, según Mora.
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En estas condiciones, vale la pena insistir, se impone rescindir el contrato por incumplimiento grave imputable a Parxin. Corregir las serias deficiencias ya constatadas, atribuibles justamente a la inexperiencia de la firma líder del consorcio, no convalidaría la evidente violación de un requisito esencial. El gobierno municipal, que desechó una iniciativa popular tendiente a impedir que se consuma la chapucería, debe atender el interés general de que las estipulaciones sean respetadas por el contratante y por el contratista.
El intendente Rodríguez hace mal en tratar de eludir su responsabilidad con el argumento de que heredó este engendro de anteriores gobiernos municipales: su obligación es moral, y legal es ponerle fin, de una vez por todas, por razones jurídicas y prácticas. Lo mismo cabe decir a los ediles complacientes: ni el uno ni los otros podrían negar que Parxin eludió a posteriori el pliego de bases y condiciones en una cuestión relevante, de modo que si toleraran tal atropello, solo cabría inferir que lo hacen por motivos inconfesables.
¿Tiene algo que opinar al respecto la Contraloría General de la República? Por lo que se sabe, hasta la segunda mitad del año pasado no le había resultado muy clara la integración accionaria del consorcio, siendo de esperar que a estas alturas algo haya avanzado en la pesquisa. Por de pronto, está realizando una “fiscalización especial inmediata” de la ejecución del contrato vulnerado, en tanto que Nelson Mora anunció la rebaja de tarifas y la eliminación del cobro del horario nocturno. Una chapucería en serie.
En este lamentable caso, dar tiempo a este engendro implicaría dar tiempo al despilfarro, por decir lo menos: ya es suficiente con que Parxin haya desperdiciado cuatro meses para poner el estacionamiento tarifado y controlado en óptimas condiciones, como era su deber.