Por de pronto, el concejal Álvaro Grau (PPQ) pidió al intendente, entre otras cosas, la inmediata rescisión del contrato, siendo presumible que su pedido sea ignorado y que ni siquiera cuente con el apoyo mayoritario de sus colegas, que ya habían desoído una iniciativa popular de millares de firmas contra este deplorable emprendimiento que tiene visos de un negociado de vastas proporciones. El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Nelson Mora, informó que la semana pasada se le había entregado al consorcio un cronograma para que “vaya haciendo las intervenciones en todo lo referente a la aplicación”. El último lunes, Parxin habría presentado las mejoras hechas al respecto, para cuyo análisis la Municipalidad será asesorada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic); por de pronto, su titular, Gustavo Villate, ya adelantó que él había empleado la aplicación y que tiene “muchos cuestionamientos” sobre el punto.
En opinión del jefe de Gabinete, aún no se dan las condiciones para rescindir el contrato: “Eso se va a dar correctamente, en los tiempos que tengan que ser”. Esos tiempos podrían prolongarse bastante, pues él mismo y el intendente alegaron más de una vez que si se tomara dicha medida, la Municipalidad debería pagar una costosa indemnización, tras haber perdido en todas las instancias la demanda promovida por Parxin por la rescisión del contrato que realizó la Comuna capitalina en 2017, debido a que el consorcio no habría garantizado su fiel cumplimiento. En otros términos, hay que respetar el acuerdo, según lo dispuesto por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 2022, pero se trata de un caso totalmente distinto al hoy planteado. Sin embargo, a criterio del jefe de Gabinete, si ahora se cancelara el contrato, aunque sea por cualquier otro motivo, habría que abonar mucho dinero. Extraño planteamiento jurídico, pues lo que sostiene el susodicho es que aquella sentencia de la Corte, referente a una determinada cuestión, tendría validez sobre otras nuevas totalmente diferentes.
En sus recientes palabras: “El laudo arbitral dice: o implementás o pagás (...) si por ahí Parxin no está en condiciones de cumplir esas exigencias que necesita la aplicación, que necesita el tarifado, (...) en ese caso hablamos de una figura que es también la rescisión, pero estaríamos enfrentando el laudo que nos diría: entonces deben pagar tanto (...) lo que hacemos es intentar documentarnos (...) para tener un bagaje en caso de que se dé, por decisión del intendente, una rescisión: es difícil y complejo”. (las negritas son nuestras).
En verdad, no hay nada “difícil y complejo”, pues la sentencia de la Corte mencionada, reiteramos, se refirió en su momento a la rescisión del contrato por parte de la Municipalidad porque Parxin no habría presentado la garantía de su fiel cumplimiento. Nada que ver con los problemas actuales. Las graves fallas denunciadas hoy son evidentes, derivadas, a todas luces, de la falta de experiencia de las empresas integrantes del consorcio, Geolatina SA y Onix Parque SA, requerida con toda claridad en el pliego de bases y condiciones de la licitación, esto es, haber gestionado durante al menos tres años tres mil sitios de parqueo, que hayan redituado veinte millones de dólares, como mínimo.
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Parece un chiste, pero, al parecer, quienes dirigen las firmas consorciadas, los empresarios argentinos Francisco Maioli Díaz (Geolatina SA) y Alfonso Baigorria (Onix Parque SA), uno se ha dedicado más bien a construir cloacas, mientras el otro a realizar encuestas electorales y a incursionar en el estacionamiento tarifado, pero con varios cuestionamientos. Por cierto, tampoco contribuye a acreditar alguna experiencia en la materia el hecho de que el primero haya sido gerente general de la firma de servicios médicos Golden Cross SA, cuya quiebra fraudulenta fue decretada en 2006 por un juez que remitió los antecedentes al Ministerio Público.
Conviene que la ciudadanía se movilice decididamente contra este elefante blanco, en el que resaltan la mala fe y la impericia de Parxin, así como la sospechosa pasividad municipal ante el grave incumplimiento de los términos de la concesión. Aquí todo huele a podrido, desde el ocultamiento del cambio en la composición accionaria del consorcio hasta el intento de confundir con el cuento de que costaría muy caro impedir que el concesionario siga actuando como se le antoje. En efecto, el 2 de junio de 2023, Parxin emitió un comunicado afirmando que no busca cobrar la “multa”, sino solo que se cumpla con la adjudicación, según lo resuelto por la máxima instancia judicial. Desaparecería así la tácita excusa mencionada por el jefe de Gabinete, del presunto chantaje en caso de rescisión, a la que de todos modos en esta ocasión no habría motivos para someterse.
Así las cosas, la reticencia del intendente Nenecho y una mayoría de concejales de poner punto final a este maloliente asunto, y de llevarlo adelante a tambor batiente, da motivos para pensar que muchas cosas corren bajo la mesa, que no van en la dirección de los intereses de la ciudadanía contribuyente.