Una tremenda fotografía publicada ayer en los medios, en la que se ve a una anciana internada y entubada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), rodeada de escombros de un pedazo de cielo raso que cayó sobre su cama, muestra un Paraguay de gran contraste, el de los habitantes “top” que disfrutan de lo que permite el poder y la riqueza, y que se jactan de ello, y otro, el de los “comunes”, donde la gente soporta precariedades y sufrimientos. La patética imagen ilustra el deplorable estado del nosocomio, construido hace 79 años, que de hecho no lo han de conocer las altas autoridades nacionales, especialmente los legisladores, que disfrutan de seguros vip, que les permiten ser atendidos de la mejor manera en hospitales privados. Y cuando la situación es grave, van a costosos centros médicos del exterior.
La disparidad entre los “dos países” que existen en el Paraguay también surge patéticamente al comparar, por ejemplo, que hace poco el presidente del Congreso, senador Silvio Ovelar (ANR, HC), anunció la ampliación del edificio legislativo a un costo cercano al millón de dólares –abortado ante la gran indignación popular–, para albergar al ejército de presupuestívoros bien pagados existentes allí, muchos de ellos recomendados y familiares de los propios legisladores, como los conocidos como “nepobabies”, mientras escuelas y hospitales carecen de presupuesto para necesidades mínimas. Así, el titular del Ineram, doctor Felipe González, reveló sobre la reparación del revestimiento que “eso, generalmente, sale del bolsillo del director”. Agregó que tienen interés en acondicionar los sectores más necesitados del edificio, pero que no disponen de fondos para reparaciones y mantenimiento.
En medio de sus declaraciones, el director informó que el médico mejor pagado del hospital del Ineram gana 15 millones de guaraníes mensuales, o sea, lo mismo que Camila Figueredo, hija del diputado Héctor Figueredo (ANR, cartista), pero mucho menos que Montserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, nombrada como “asesora” siendo estudiante, que cobra 18 millones de guaraníes; de Luz Ledesma, directora de Técnica Legislativa de la bancada de su padre, el senador José Ledesma (PLRA), que gana 21.300.000 guaraníes al mes, y de Claudia Melgarejo, directora de Central Telefónica del Congreso, remunerada con 21.357.700 guaraníes.
Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública es “proponer criterios para la formulación de la política de remuneración a los funcionarios”. ¿Alguna vez el Poder Legislativo atendió dichos criterios, si es que han sido propuestos, para fijar en el Presupuesto nacional los sueldos del personal nombrado? Si no lo ha hecho, debería comparar algunos para tener una idea de qué tan justa es la distribución del dinero de los representados, en materia salarial.
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Los legisladores, que perciben 32.774.840 guaraníes mensuales, no apelaron a sus propios bolsillos para apoltronarse en los sillones recién adquiridos ni corren el riesgo de que el techo del Palacio Legislativo se desplome sobre ellos. Allí se vive en un mundo paralelo, en una burbuja dorada, en el que no existen los problemas edilicios que afectan a los centros sanitarios y educativos.
La corrupción y el derroche conjugados son atribuibles en gran medida a la traición de quienes fueron elegidos para propender al bien común, dando el mejor uso posible al dinero de los representados, a través del Presupuesto nacional. Ocurre, empero, que este documento avala de entrada el malgasto rampante, mientras los requisitos mínimos para la prestación de ciertos servicios públicos son ignorados, como si importaran menos que el bienestar de los congresistas y de sus allegados. Esta podredumbre es incompatible con la promesa de que los paraguayos lleguen a “estar mejor”, como bien debería saberlo el presidente de la República, Santiago Peña. Este se dice agradecido porque el Congreso apoyó todas sus iniciativas, pero, con toda seguridad, la ciudadanía no comparte dicho sentimiento con respecto a lo que allí se viene perpetrando: un descarado “autoservice”, que evidencia la repudiable catadura moral y la falta de respeto a la ley que muestra la mayoría de sus miembros. Es improbable que les conmueva la fotografía de la anciana enferma postrada bajo desprendimientos del cielo raso. Por eso, aunque sean unos desfachatados insensibles, habrá que seguir desmostrándoles que sus impudicias no pasan desapercibidas, y que le están tocando las orejas a la gente trabajadora que mantiene al país.