El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), tomó la sensata decisión de suprimir el Departamento de Cafetería, una de las numerosas dependencias creadas en el Congreso sin aparente justificación, más que instalar en ellas a la clientela de los políticos. Las labores de dicho “Departamento” consistían en preparar café y cocido para los legisladores, así como suministrar bebidas para los eventos realizados en la Cámara. Tenía dos funcionarios, una de los cuales era la jefa –Virina Burgos de Insfrán– quien ganaba 13.172.200 guaraníes mensuales por tener una “responsabilidad bastante grande”, según su jefe Arsenio Villaverde, titular de la Dirección de Servicios Generales, enchufado en el Presupuesto desde 2008, sin haber intervenido en un concurso público de oposición, como manda la ley. Curiosamente, el salario de la jefa del Departamento de Cafetería casi triplicaba el de otros “jefes de Departamentos”, como el de Impresiones y Encuadernación, y equivalía a más del doble del salario de la jefa del Departamento de Lactancia, una licenciada en Ciencias Políticas (!), pese a que tienen la misma jerarquía. Curioso marco salarial es el que rige en el Poder Legislativo.
La Cámara Baja, que consta de ochenta miembros, tiene alrededor de dos mil funcionarios y contratados, de los cuales 230 ocupan los puestos superiores, percibiendo entre diez y treinta millones de guaraníes mensuales. Con toda evidencia, muchos de ellos no ejercen un cargo necesario por sus méritos ni por sus aptitudes, sino por ser amigos, parientes o correligionarios de los diputados: aparte de que están de más, puede suponerse que son ineptos, ya que no surgieron de concursos de oposición. Como eliminar gastos superfluos permite que el dinero de los contribuyentes tenga mejores destinos, era de esperar que Raúl Latorre iniciara con esta supresión una amplia limpieza, al menos en su Cámara, de cargos aparentemente intrascendentes e innecesarios, y de paso desprenderse de los numerosos “nepobabies” que encontraron cobijo en esa institución sin haber cumplido con las exigencias de la ley. Ahí está, por ejemplo, el cargo de coordinadora de Liquidación de Personal Permanente, creado en septiembre de 2023 para que Montserrat Alliana –hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, e hijastra de la diputada Fabiana Souto (ANR, cartista)–, quien cobra cada mes 18.274.300 guaraníes, triplicara el sueldo que tenía en el Ministerio de Justicia, desde donde fue comisionada. Además, pueden suprimirse las inútiles “asesorías” para ciertos diputados, como Benjamín Cantero (ANR, cartista), cuya esposa Silvia Noemí Vega percibe más de 12 millones de guaraníes mensuales. Según reveló, no fue contratada otra mujer para evitar que su casa “se incendie”. La Dirección de Contrataciones puede aclarar si esta justificación aparece entre las exigencias para cubrir una asesoría.
Desde luego, también el Senado dilapida con ganas, pues sus miembros son atendidos por tres mozos, uno de ellos al servicio de la bancada cartista, a los que se suman un coordinador, un jefe y un encargado (!), que ganan, respectivamente, 13.650.000, 11.050.000 y 8.840.000 guaraníes mensuales. La Presidencia de la Cámara tiene un jefe y una encargada del mismo servicio, que no cuentan con subordinados (!): el primero cobra cada mes 10.400.000 guaraníes y la segunda 8.840.000; también tiene un encargado de cafetería que se lleva cada mes 10.400.000 guaraníes. Aunque parezca increíble, el Senado tiene un jefe de Trámites de Gestiones de Análisis Laboratoriales (!), cargo retribuido con 14.560.000 guaraníes mensuales. Sería interesante conocer las atribuciones de esta –imaginamos– importante dependencia, a juzgar por el salario de su jefe. Por cierto, la señorita Luz Ledesma gana al mes 21.300.000 guaraníes: tiene la suerte de ser directora de Técnica Legislativa de la bancada liderada por su padre, José Ledesma (PLRA). Latorre haría un gran favor al país si mete la tijera en tan rimbombantes dependencias.
En el Congreso, que tiene una administración separada de la de ambas Cámaras y que junto con el Senado cuenta con 1.358 funcionarios, la directora de la Central Telefónica, Claudia Melgarejo, tiene un sueldo de 21.300.000 guaraníes: no le importó que una jefa de sección sea a la vez guardia nocturna en la Municipalidad de Asunción, porque no podría “estar cuestionando su vida personal”.
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Estas pocas muestras del despilfarro parlamentario, a las que pueden agregarse muchas otras, sugieren que poco o nada cabe esperar de los legisladores –con las debidas excepciones– en materia de racionalización del gasto público; para ellos, la caridad empieza por casa, es decir, por la suya y por el Palacio Legislativo: derrochan el dinero de sus representados como si les perteneciera, mientras las carencias en la sanidad y en la educación pública, entre otros servicios, están a la orden del día.
Hace un par de meses, las protestas ciudadanas frustraron el despilfarro que iba a suponer ampliar la sede parlamentaria a un costo aproximado de cinco mil millones de guaraníes, porque allí ya no tendrían cabida los 2.758 funcionarios y los 1.060 contratados, si todos asistieran a su lugar de “trabajo”. Los legisladores deberían velar por el buen uso del dinero público, pero como no se controlan a sí mismos, es menester que la ciudadanía los ponga bajo la lupa, también en lo que hace a su administración interna. No cabe esperar que la Contraloría General de la República se ocupe de ello, pues su cúpula es designada por la Cámara Baja de ternas de candidatos propuestos por la Alta, así que solo resta que la opinión pública insista en la necesidad de suprimir cargos superfluos y de revocar las designaciones ilícitas, entre otras cosas. El diputado Latorre dio un primer paso, al que deben seguir muchos otros, también en el Senado.