La Cámara de Diputados llamó a un concurso para que 50 profesionales jóvenes se sumen a sus nada menos que 1.486 asalariados: 45 de ellos percibirán como contratados, durante un año, un sueldo mensual de 4.500.000 guaraníes; los demás serán nombrados para ganar 17.000.000. Aparentemente, su titular, Raúl Latorre (ANR, cartista), resolvió que esta vez se cumpla con el art. 47 de la Constitución, que consagra la igualdad para acceder a los cargos públicos no electivos “sin más requisitos que la idoneidad”, y con los arts. 14 y 15 de la Ley N° 1626/00, según los cuales para ingresar en la función pública hay que demostrar “idoneidad y capacidad” en un concurso público de oposición. Es que la enorme mayoría del plantel de ese cuerpo legislativo fue instalada sin que esta exigencia haya sido satisfecha.
Como puede verse, la mayor cantidad a ser incorporada en esta ocasión ingresarán como “contratados”, para lo cual la ley exige que el concurso en cuestión tendría que ser para “atender necesidades temporales de excepcional importancia para la comunidad”, citando expresamente: a) combatir brotes epidémicos, b) realizar censos, encuestas o eventos electorales, c) atender situaciones de emergencia pública y d) ejecutar servicios profesionales especializados. Deberían explicar cuál es la emergencia actual que no puedan atender los numerosos funcionarios existentes.
Entre otros, han sido convocados un licenciado en lengua inglesa, uno en obstetricia y uno en bioquímica: sin negar en absoluto la valía de esos profesionales, puede preguntarse en qué puedan ser útiles en un órgano legislativo que no se ocupa de atender urgencias transitorias de extrema relevancia para la sociedad. Poco o nada tendría que ver con ellas las “áreas misionales que requieren ingenieros, médicos, enfermeras, abogados, licenciados en ciencias contables o economistas”, mencionadas por Raúl Latorre. Por otra parte, vale preguntar, por ejemplo, si las dependencias jurídica y contable que ha de tener la Cámara carecen de abogados o economistas que puedan solucionar problemas de su ámbito como para seguir contratando gente para ese superpoblado Poder del Estado.
Resulta evidente que el llamado a concurso, junto con el sumario instruido a unos 33 “planilleros”, apunta más bien a mejorar la pésima imagen de la Cámara, cuyo presidente –legislador desde 2018– descubrió de pronto que existe algo llamado “meritocracia”. En sus palabras: “Este proceso busca dar una oportunidad a la juventud, romper el modelo tradicional y volcarse hacia la cultura del mérito y la igualdad de oportunidades”. La Constitución y la ley ya exigían esa cultura y esa igualdad cuando él creó el cargo de coordinadora de Liquidación Permanente para que Montserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, e hijastra de la diputada Fabiana Souto (ANR, cartista), lo ejerza con un sueldo de más de 18.274.300 guaraníes mensuales, tres veces superior al que tenía en el Ministerio de Justicia, desde donde pasó al Congreso, y varias veces más que lo que gana una maestra o una enfermera, por ejemplo.
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El concurso fue anunciado con bombos y platillos, como si fuera una gran novedad. Al hacerlo así, Raúl Latorre admite implícitamente la ilicitud de los nombramientos y de las contrataciones que se han venido realizando a lo largo de los años, justamente allí donde se sancionan las leyes. Por decir lo menos, es dudoso que la medida sirva tan siquiera para atenuar el prebendarismo y el clientelismo rampantes en el superpoblado Palacio Legislativo, cuyos pasillos están llenos de funcionarios y contratados ociosos, razón por la que hace poco se pretendió ampliarlo a iniciativa del senador Silvio Ovelar (ANR, cartista), la que fue suspendida ante la indignación popular. Puede pensarse también que se pretende desviar la atención de los numerosos “nepobabies” que entraron por la ventana, quedando así blanqueados en sus puestos.
Un resultado seguro de esta iniciativa, que parece más bien un engañabobos, va a ser un aumento más del ya enorme plantel de presupuestívoros del Congreso. Y, otra vez, la carga recaerá sobre los hombros de Juan Pueblo.