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El día anterior, una manifestante dijo que el área de “urgencia” del Hospital Regional solo tiene diez camillas para casi un millón de habitantes y que su hermano había fallecido allí hace poco, tras esperar seis horas para ser trasladado a terapia, debido a que no había un balón de oxígeno para cambiarlo de sala. Dramáticas situaciones como estas se repiten en todo el país, sin que se adviertan signos de que en el futuro vayan a ser evitadas mediante la correcta ejecución de un Presupuesto bien diseñado y no precisamente mediante golpes de efectos propagandísticos, como el de inaugurar un Hospital General inconcluso. La encargada del área no puede eludir la responsabilidad política por la calamidad sanitaria, compartida con el jefe de Estado que el 15 de agosto de 2023 afirmó con razón que “en salud los errores o negligencias se pagan con vidas”; agregó que “no habrá una segunda oportunidad para los que fallen”, pero resulta que a estas alturas la ministra ya la ha tenido más de una vez y allí sigue, de lo más campante.
A Santiago Peña debería avergonzarle releer el pasaje de su discurso inaugural en el que también dijo “Basta de largas filas de espera, agendamientos interminables, equipamiento que no se usa por falta de insumos, de mantenimiento o de personal”; evidentemente, su orden fue desoída o su expresión de deseos insatisfecha: en todo caso, se hundió en el ridículo, con lo que se plantea la pregunta de si habrá que tomarle en serio cuando hable de la salud pública. En su parcial descargo puede apuntarse que la crisis sanitaria no es atribuible solo al Gobierno de hoy, sino también a la sempiterna ineptitud estatal; como dijo el Círculo Paraguayo de Médicos en su comunicado del 7 de abril, Día Mundial de la Salud, la persistente crisis sanitaria responde a causas más profundas que la mera falta de recursos: “cuando los propios órganos rectores articulan acciones que favorecen la irregularidad, la precarización se convierte en política de Estado”, así que sería urgente e indispensable “recuperar la ética, la profesionalización y el compromiso con el interés público”.
Ciertamente, la salud pública también es afectada por la corrupción, el derroche, la incapacidad y la negligencia ministeriales, atribuibles en última instancia en parte a la injerencia politiquera, denunciada por el Sindicato Nacional de Médicos. Es necesario combatir esos vicios que atentan contra el fundamental derecho a la vida, que el Estado debe proteger, para lo cual es necesario liberar a la salud pública de las garras de quienes se sirven de ella para enriquecerse y/o instalar a parientes y correligionarios. Es comprensible que la gente esté harta de tener que organizar “polladas” para comprar insumos o remedios, mientras se roba y se despilfarra a mansalva en todo el aparato estatal.
Si el Ministerio en cuestión no puede proveer de equipos, de fármacos o de insumos suficientes a los hospitales y centros de salud es porque le importa poco su sentido misional; habrá que ver si lo tiene el flamante Equipo Nacional para la Intervención y el Mejoramiento Integral de la Salud, siendo de temer -atendiendo los penosos antecedentes- que solo sirva para la propaganda que, por lo demás, a estas alturas ya no engañaría a nadie.