Aunque desde hace más de doce años se realizan actividades lucrativas en el Anfiteatro José Asunción Flores, de San Bernardino, el intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR, cartista) se niega en la actual temporada veraniega a celebrar o renovar contratos de alquiler de locales nocturnos afectando, directa o indirectamente, a más de mil familias, al decir de la presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo local, Marilyn Caballero. El jefe comunal habría dicho que recibió una orden verbal del presidente de la República, Santiago Peña, y que firmaría los contratos respectivos solo con el permiso del jefe de Estado, para lo cual convendría que los empresarios intercedan ante él, según se lee en un comunicado oficial de la mencionada Cámara y de la Asociación de Hoteles y Afines de San Bernardino, titulado “Quieren dejar a San Bernardino sin vida nocturna turística”. Si fueran ciertas esas afirmaciones, la asombrosa condición impuesta y la sugerencia formulada –negadas por el intendente y por el Gobierno– tendrían que ver con que, al decir de la dirigente empresarial referida, “quien agarró el anfiteatro hoy es G5, apoyado por el Grupo Ueno. Hoy se llama Anfiteatro Ueno José Asunción Flores”.
Como sea, resulta llamativo que el intendente haya interpuesto recién el último 27 de diciembre un veto parcial contra una ordenanza del 24 de marzo de 2025, que extendía hasta febrero de este año las condiciones para el funcionamiento de locales nocturnos en el predio del anfiteatro. En efecto, el art. 41 de la Ley Orgánica Municipal (LOM) dice que si el intendente no veta una ordenanza dentro del plazo de quince días corridos, ella “quedará automáticamente promulgada”. En consecuencia, la norma referida está plenamente vigente. Es irrelevante, entonces, que la Junta Municipal no se ocupe del veto parcial por falta de quorum, debido a que la mayoría de los ediles temería ser castigada por el intendente con la retención de las dietas, según reveló el concejal Arnaldo Vera (PLRA). Como toda la Ordenanza N° 55/25 entró “automáticamente” en vigencia tras no haber sido vetada al cabo de dos semanas de su sanción, la norma objetada por el intendente debe cumplirse y hacerse cumplir, atendiendo siempre el principio constitucional de “igualdad ante las leyes”, a la hora de celebrar o renovar contratos.
Emigdio Ruiz Díaz habría dicho con el mayor desparpajo que no la vetó en tiempo oportuno porque estuvo distraído (“se me pasó”). En las condiciones en que se desarrollaron las cosas, puede presumirse que haya recibido una orden tardía para corregir su desatención, pero, desde luego, tal deplorable circunstancia no le autorizaba a ignorar el plazo fijado en la LOM. En otras palabras, estaría actuando arbitrariamente, generando incertidumbre e inseguridad jurídica, por decir lo menos. Aunque no le guste a él o a su eventual jefe de facto, la ordenanza en cuestión está en pleno vigor, mientras no sea derogada o alterada por otra. En realidad, no está mal que siete ediles eviten con sus ausencias que el órgano que integran se ocupe de tan extemporáneo veto, pues sería ilegal que la Junta Municipal lo apruebe e innecesario que lo rechace: debe considerarse inexistente, tanto como la aptitud del jefe comunal para ejercer el cargo que el electorado le confió en mala hora.
Aunque puede parecer superfluo, lo acontecido obliga a seguir insistiendo en que la ciudadanía debe prestar mucha atención a los atributos morales e intelectuales de los candidatos a cargos electivos, empezando por los municipales. Su actual intendente está demostrando que se halla muy lejos de estar a la altura de “la capital del verano” paraguayo, pues no le debería pasar por alto atender los plazos previstos en la LOM ni estimar el impacto económico de las normativas municipales.
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Llama la atención, en fin, que ya el 26 de noviembre de 2025, el propio presidente de la Junta Municipal, Óscar Valdez, había dirigido una nota a Emigdio Ruiz Díaz, en la que le decía, haciéndose eco de la Cámara de Comercio de San Bernardino, que “la dilación o la negativa a la firma de dichos contratos genera un riesgo inminente de deterioro de la dinámica socioeconómica” y que “la operatividad de estos locales no solo dinamiza la recaudación municipal, sino que constituye el principal motor de ingresos para una vasta cadena de valor”. Fue inútil: el intendente se tomó su tiempo –nueve meses– para concluir que esos argumentos eran endebles, tornando inútiles, seguramente, algunas inversiones.
Los vecinos de San Bernardino no se merecen tanto atropello a sus derechos.