“Paraguay repite la operación de 2014 (operación por US$ 1.000 millones), pero ahora… ¡en guaraníes! El mundo confía en nuestra moneda. Paraguay marca ahora la pauta. Seguiremos por el camino correcto”, exclamó exultante en su cuenta X el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.
Según se informó, las negociaciones se hicieron a través de importantes bancos de inversión, como Citi Group, Goldman Sachs y J. P. Morgan, que contactaron con “inversores en Londres y Nueva York”. No se divulgaron los nombres de los tomadores, como tampoco las comisiones acordadas.
Fernández Valdovinos indicó que la colocación fue a doce años y una tasa de interés del 8,5% anual, menor a la última obtenida en el mercado local a un plazo similar (9,1% en noviembre último), lo que se atribuye al grado de inversión otorgado a los títulos paraguayos por Moody’s y Standard & Poor’s.
Un poco más de un tercio de la emisión, 339 millones de dólares, será utilizado para “administración de pasivos”, léase bicicleteo, es decir, pago de vencimientos con nueva deuda. Los restantes 661 millones se destinarán a “financiamiento del Presupuesto”, sin especificar.
Endeudarse en guaraníes en vez de en moneda extranjera es positivo, pero el galopante ritmo de endeudamiento público durante los tres últimos gobiernos, los tres colorados, dos de ellos cartistas, no lo es en absoluto.
Y no lo es, sobre todo, porque ello no se ve reflejado de manera proporcional en una mejoría sustantiva de la infraestructura y de los servicios prioritarios a la ciudadanía, que es para lo que, en teoría, deben ser utilizados los recursos provenientes de préstamos.
En gran medida ello es así precisamente por el aumento indiscriminado de la emisión de bonos del Tesoro. Anteriormente Paraguay obtenía créditos casi exclusivamente de organismos multilaterales, los cuales tenían la desventaja de la burocracia y el tiempo que demandaba concretarlos, pero eran de asignación específica, exclusivamente para un fin particular, por lo general una obra pública, lo cual hasta cierto punto impedía los desvíos, ya sea a gastos corrientes o, peor aún, a bolsillos indebidos.
Eso cambió puntualmente el 17 de enero de 2013, cuando Paraguay se presentó al mercado bursátil internacional con un bono de 500 millones de dólares, durante la presidencia de Federico Franco. Su sucesor, Horacio Cartes, vio la oportunidad y al año siguiente ya emitió 1.000 millones de dólares, que es la operación que menciona Fernández Valdovinos. A partir de ahí se abrió el grifo y la bola de nieve no paró de crecer hasta el día de hoy.
Este gobierno tenía que ir reduciendo el déficit fiscal y el endeudamiento, pero siguió con la misma tónica. No ha controlado el gasto público, la deuda ya ha sobrepasado largamente la barrera de prudencia del 40% del PIB y el servicio de la misma (lo que hay que pagar) es una carga cada vez más pesada sobre las finanzas públicas.
En contrapartida, en la práctica, menos del 15% del dinero estatal va a inversión física en infraestructura, que tiene un atraso estimado de 30.000 millones de dólares. El Gobierno presume de un nivel récord de ejecución, pero tiene una deuda vencida acumulada de al menos 350 millones de dólares con los contratistas, y ello a pesar de que, supuestamente, también se están utilizando para este fin los fondos socioambientales de Itaipú.
En cuanto a otros servicios, hay carencias por todos lados. Se les debe más de 600 millones de dólares a las farmacéuticas, más de 100 millones de dólares a los proveedores del programa Hambre Cero. Por mencionar un ejemplo reciente, uno de muchos, la jefa de cardiología del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, Dra. Nancy Garay, señaló en estos días que el centro médico atraviesa un período acuciante por falta de medicamentos e insumos vitales, por lo que se ven obligados a postergar cirugías complejas. ¿A dónde se va la plata de los bonos?
Hace doce años, el gobierno de Horacio Cartes sacó una “tarjeta de crédito” en dólares y hoy el país está endeudado hasta el cuello sin haber resuelto sus principales problemas estructurales. Ahora, el gobierno de Santiago Peña se jacta de haber sacado, también, una en guaraníes. Más que para festejar, es para preocuparse.