Citando como fuente el Banco Interamericano de Desarrollo, el ministro del Interior, Enrique Riera, cuantificó hace poco en seis millones de dólares diarios el costo generado por la corrupción. No hay datos actualizados con respecto a los gastos superfluos, pero es presumible que también sean bastante altos y, por ende, tan nocivos para las arcas del Estado como el ejercicio ilícito del cargo público en provecho de quien la ejerce.
Un buen ejemplo del derroche son los viajes oficiales al exterior, con todos los gastos pagos, como los realizados entre noviembre de 2025 y marzo de este año a Estados Unidos y España por el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, en compañía de algunos funcionarios, para difundir entre los compatriotas allí residentes el programa Che Róga Porã. El “trabajo” costará a los contribuyentes casi 500 millones de guaraníes, suma que bien podría haberse ahorrado mediante la actuación de las ociosas embajadas paraguayas. En efecto, en esas sedes se podrían haber enviado las informaciones e instruir a los funcionarios diplomáticos para que las proporcionen a los compatriotas interesados. Las promociones también se podrían haber hecho vía internet. En efecto, en esta época de las comunicaciones, no se justifica tanto derroche de fondos que pueden tener mucho mejor destino. Pero no, los funcionarios paraguayos siguen haciendo uso y abuso de los recursos estatales para sus paseos, no pocas veces acompañados de allegados y hasta de parejas sentimentales.
Por supuesto, los legisladores tampoco son ajenos a estos agradables paseos, asistiendo a costa del fisco a seminarios, congresos o simposios, realizados en sitios turísticos de todo el mundo. Aún se recuerda la visita que quince diputados hicieron en 2024 a Estados Unidos, con el pretexto de asistir a las elecciones presidenciales: la gira incluyó un crucero por el río Potomac. La Cámara Baja ha limitado los viajes internacionales de sus miembros a tres por año, dando así una modesta muestra de austeridad, no imitada por los senadores.
Bien se sabe que al presidente de la República, Santiago Peña, le gusta muchísimo viajar, tanto que el presupuesto asignado al Gabinete Civil para pasajes y viáticos llega este año a 5.209 millones de guaraníes; el de 2024 era de “solo” 2.078 millones. En 2025 viajó al exterior todos los meses, siendo el de mayo el más fructífero para su conocimiento del planeta, pues visitó Estados Unidos, Japón, Italia y Singapur. En junio de ese año, la Cancillería convocó al embajador francés por haber dicho que Santiago Peña “viaja mucho en este momento”, explicando así por qué aún no se había contestado una invitación de su colega francés a asistir a una conferencia internacional: el Presidente paraguayo se hallaba en la India.
Estos ejemplos del despilfarro, referidos solo a los viajes al exterior, bastan para ilustrar que el dinero público no solo es sustraído, sino también dilapidado, sin que la Auditoría General del Poder Ejecutivo ni la Contraloría General de la República se ocupen del hecho. Si el gasto en cuestión está incluido en la ley del Presupuesto, no habría nada que objetar: la responsabilidad final es compartida por el Congreso que la sanciona y el Poder Ejecutivo que la promulga. Ahora que las papas queman para las arcas públicas, se le escuchó hablar al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, de la necesidad de “una economía de guerra” y de “ajustarse los cinturones”.
Está en manos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo eliminar el vicio del despilfarro, lo que significa que también el Presidente de la República debe hacer suyo el consejo de ahorrar, que se permitió impartir a la población carenciada también por culpa de la corruptela y del dispendio. Es mucho el dinero que podría destinarse a la salud y a la educación públicas si, entre otras cosas, los que mandan hicieran menos turismo mediante visitas “oficiales” al extranjero. Aparte de todo, no deberían insultar a los gobernados, tomándolos por idiotas: en vez de actuar como servidores públicos, se sirven de la ciudadanía sin tapujos, sin ningún sentimiento de culpa, como si los votos que recibieron equivalieran a una carta blanca para hacer lo que se les antoje con el dinero de todos.
En vista de lo que se repite constantemente, se puede decir que el dispendio de fondos públicos en costosos viajes de placer con ropaje oficial está en el ADN de los funcionarios paraguayos. Debido a las acuciantes necesidades del país, es necesario poner fin a tan funesta práctica.