Grosera ilicitud en la Policía Municipal de Tránsito

El precandidato cartista a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez, luciendo una camisa con su nombre y su eslogan de campaña, fue recibido en el “palacete” por el director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Rodrigo Delvalle, y sus agentes alineados en posición de firmes. El grotesco espectáculo implicó la comisión de tres de las faltas graves previstas en la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil: “realizar actividades políticas partidarias o proselitismo dentro de las dependencias de las instituciones públicas, usar la autoridad que provenga de su puesto para influir o afectar el resultado de alguna elección, cualquiera sea su naturaleza” y “ocupar tiempo de la jornada de trabajo, o utilizar personal, material o información de la dependencia, para fines ajenos a la institución pública”.

El precandidato cartista a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez, luciendo una camisa con su nombre y su eslogan de campaña, fue recibido en el “palacete” por el director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Rodrigo Delvalle, y sus agentes alineados en posición de firmes. El grotesco espectáculo implicó la comisión de tres de las faltas graves previstas en la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil: “realizar actividades políticas partidarias o proselitismo dentro de las dependencias de las instituciones públicas, usar la autoridad que provenga de su puesto para influir o afectar el resultado de alguna elección, cualquiera sea su naturaleza” y “ocupar tiempo de la jornada de trabajo, o utilizar personal, material o información de la dependencia, para fines ajenos a la institución pública”.

Las faltas graves son penadas con la suspensión por hasta tres años del derecho a ascender en la carrera del servicio civil, la suspensión sin goce de sueldo de hasta noventa días o la destitución con inhabilitación para ocupar puestos públicos por hasta cinco años. La ley dice también que las sanciones correspondientes a las faltas graves serán determinadas y aplicadas, previo sumario administrativo, por la máxima autoridad de la entidad pública, en este caso el intendente, sin perjuicio de remitir los antecedentes al fuero penal si el hecho es punible. Sería ingenuo suponer que Luis Bello (ANR, cartista) vaya a instruir el correspondiente sumario administrativo a Rodrigo Delvalle, pues el acto electoral habría sido autorizado o hasta ordenado por el propio intendente.

La grosera ilicitud fue cometida de cara a los comicios internos del 7 de junio, o sea, en perjuicio de un sector del partido oficialista, ya que el sectarismo también se ejerce contra el correligionario enemigo. La torta no es tan grande como para satisfacer a todos los aspirantes a comensales. Es de temer que el empleo aberrante de los agentes de la PMT y de las dependencias municipales se repita en los comicios “externos” del 4 de octubre, para hacer del “palacete” una suerte de “puesto de comando” de la ANR. Lo ocurrido supone un capítulo más de la degradación institucional y, en particular, de la del órgano encargado de ordenar el tránsito en Asunción, muy afín, aunque parezca raro, al veterano edil Augusto Wagner (PLRA), quien de nuevo aspira a la reelección. Desde hace años estaría profundamente infectado por la corruptela desaforada, según se desprende de las reiteradas denuncias. Los agentes buscarían ocasiones para recurrir al chantaje sobre todo en perjuicio de visitantes extranjeros.

Es de volver a recordar que el exinterventor Carlos Pereira informó que en la PMT “los niveles de corrupción son intolerables”. Un buen ejemplo de la degradación allí reinante la dio hace poco uno de sus agentes, haciendo de “barrabrava” en sus horas libres. Fue detenido por haber atacado a un miembro de la Policía Nacional durante los incidentes del último “superclásico” del fútbol. En fin, la PMT es polifacética: interviene contra la ley en campañas electorales, en “asaltos callejeros” y en agresiones contra algún agente del orden. Y aunque mucho le cueste, debería ocuparse más bien de regular la circulación de los vehículos, con eficiencia y honradez: no es mucho pedir. Está mal que, en el asiento de sus funciones, los agentes se encuadren ante un precandidato a intendente, aunque tenga el “privilegio” de ser cartista. El hecho de que lo sea no le torna más importante que la obligación que tiene la PMT de respetar la ley como toda entidad pública.

En suma, las normativas en vigor deben cumplirse y hacerse cumplir. Los salarios de los agentes que se encuadraron ante un precandidato de la ANR son abonados también por quienes no la integran. Su referido atentado contra la legalidad obedeció quizá a que no fueron incorporados por sus méritos y aptitudes, sino solo por su carnet partidario y el padrinazgo adecuado. Así como hay “paraguayos de primera y de segunda”, también hay colorados que se distinguen según dos categorías. Sería repudiable que, para que haya igualdad entre los precandidatos colorados a la Intendencia de Asunción, también los otros sean recibidos “con honores” por el director y los agentes de la PMT. O los de cualquier otra organización política, por supuesto.

En este país, las obviedades en cuanto al “juego limpio” en las contiendas políticas no son tales. Tampoco resulta indudable que en un Estado de derecho exista la necesidad de cumplir y hacer cumplir las leyes. Debe admitirse que hay quienes atentan contra la legalidad con la conciencia tranquila, como si fuera lo más natural del mundo que el partido oficialista o un sector del mismo viole la ley con toda impunidad. Para eso mandan, según creen muchos, como el intendente asunceno que secundó a Nenecho y el director de la desastrosa PMT.