El Consejo de Administración también dispuso unificar criterios con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para optimizar las compras de remedios y su transparencia. Según el doctor Fretes, ya se están validando en conjunto criterios sobre las especificaciones técnicas para que las licitaciones públicas sean claras y competitivas. La depuración resuelta por el IPS es plausible, pues lo que allí ha venido ocurriendo implicó un derroche descomunal, mientras los asegurados se quejaban de la falta de insumos y de medicamentos y se veían forzados a organizar “polladas” para poder comprarlos.
Entretanto, en el Senado se estudia un proyecto de ley, ya aprobado por la Cámara Baja, que declara a la entidad previsional en estado de emergencia, razón por la que se le permitiría, entre otras cosas, realizar compras directas de fármacos e insumos, lo que sería plausible siempre que no se incurra en las corruptelas habituales en este tipo de procedimientos. El MSPBS los adquiere por valor de 15 a 20 millones de dólares mensuales y adeuda a las firmas proveedoras nada menos que 1.080 millones, mientras igualmente los pacientes de sus hospitales y centros de salud se lamentan de las carencias. Si bien a comienzos de 2025 informó que también depuró 850 ítems, dada las circunstancias se impone igualmente la revisión actual de su parque sanitario. Así, urge que actualice su vademécum, pues se limita a ampliarlo tras alguna acción de amparo promovida en sede judicial, siendo tal vez necesario eliminar también ciertos fármacos y elementos que ya no se estarían utilizando. Allí, el despilfarro sería asimismo enorme, a costa de todos los contribuyentes. El último 7 de abril –Día Mundial de la Salud– diversas organizaciones sociales protestaron frente a la sede ministerial contra la falta de medicamentos e insumos en los hospitales y centros de salud públicos.
Es evidente que la salud pública estaría bastante “mejor” si no se malgastara el dinero de todos. Uno de los principios rectores de la función pública es usar solo aquellos fondos del Estado que sean estrictamente necesarios y del modo más eficiente posible. Implica una barbaridad destinarlos a la compra de bienes anticuados que, además, se pudren en los depósitos, habiendo perdido su eficacia por el paso del tiempo. Es lo que ha venido ocurriendo en el IPS y probablemente en el Ministerio en cuestión, sin que a los responsables les haya importado en absoluto. El dinero público e incluso las vidas ajenas les han tenido sin cuidado, mientras cobran remuneraciones envidiables. Solo la aplicación del Código Penal con todo rigor puede evitar que la historia se repita una y otra vez.