La bancada cartista en la Cámara de Diputados volvió a mostrar su verdadera naturaleza la semana pasada. Cuando la diputada Rocío Vallejo pidió informes sobre varias municipalidades administradas por intendentes colorados acusados de no pagar salarios a funcionarios y concejales opositores, de autoritarismo y de manejo irregular de recursos, el diputado Germán Solinger y sus pares de Honor Colorado no dudaron: mandaron los pedidos a comisión “para mejor estudio”. Es decir, los archivaron. Una vez más.
Claramente esto no es un hecho aislado sino un método. Cada vez que un intendente o gobernador de ese sector enfrenta denuncias serias, la maquinaria legislativa del cartismo se activa para blindarlos. Se dilata, se traba, se protege. La transparencia se convierte en un lujo que solo se concede a los adversarios. A los propios se les otorga impunidad preventiva.
El caso más emblemático y que ha quedado en la memoria popular sigue siendo el de Óscar “Nenecho” Rodríguez. Cuando el entonces intendente de Asunción estaba imputado por lesión de confianza y asociación criminal, no necesitó grandes discursos ni argumentos jurídicos elaborados. Bastó una llamada telefónica en vivo. En efecto, durante una entrevista radial que daba Nenecho, el senador Antonio Barrios le transmitió públicamente el “pleno y absoluto respaldo” del líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes.
El mensaje fue claro y contundente: el poder máximo del cartismo cubría al intendente cuestionado. Así daba la impresión de que no importaban las denuncias ni las investigaciones. Ni la carátula de la carpeta fiscal. Importaba la lealtad al jefe.
Ese episodio no fue una anécdota pintoresca. Fue la declaración pública de un sistema, por si aún existía un remanente de inocente escepticismo. El cartismo parece demostrar que no defiende instituciones ni principios, sino únicamente a los suyos. Y cuando los suyos son acusados, la respuesta no es investigar ni depurar: es proteger.
Hoy esa misma lógica se reproduce en decenas de municipios. Intendentes colorados que deben salarios desde hace meses, que destituyen a funcionarios opositores con artimañas o que manejan las comunas como feudos personales, encuentran en la bancada cartista de Diputados un dique de contención. Los pedidos de informe se diluyen. Las investigaciones se frenan. La rendición de cuentas se vuelve imposible.
Aquí aparece la doble vara que ofende a cualquier ciudadano de a pie. Si un paraguayo común –ese Juan Pueblo al que tanto invocan en los discursos– obstruye una investigación u oculta documentos, comete delito. Puede ser procesado, imputado y condenado. La justicia, aunque lenta y selectiva, tiene herramientas para alcanzarlo. Pero cuando los “representantes del pueblo” bloquean sistemáticamente los pedidos de informe, cuando utilizan su mayoría legislativa para impedir que se conozca cómo se manejan los recursos municipales, cuando dilatan y archivan denuncias contra sus correligionarios, no pasa absolutamente nada. No hay investigación. No hay sanción. No hay siquiera vergüenza. La obstrucción de la justicia, cuando la practican ellos, deja de ser delito y se convierte en “estrategia política”.
Esta impunidad selectiva no es un detalle menor. Parece ser la esencia del ejercicio del poder cartista. Se predica “Dios, Patria y Familia”, pero se protege a quienes no pagan a los trabajadores municipales que tienen familias que mantener. Se habla de transparencia y modernización, pero se cierra la puerta a cualquier intento de control sobre las comunas propias. Se exige disciplina partidaria, pero se utiliza esa disciplina para cubrir irregularidades.
El resultado es previsible: municipalidades quebradas, funcionarios sin cobrar, en algunos casos por más de seis meses; obras paralizadas, deudas impagas y una ciudadanía cada vez más escéptica. Mientras tanto, el cartismo sigue consolidando su control territorial de cara a las municipales de octubre. La opacidad no es un efecto colateral. Es una herramienta de poder.
Obstruir la justicia, contribuir con la opacidad y enterrar la transparencia de la mano de los legisladores que se dicen representantes del pueblo, se convierten en una práctica aceptada y sin consecuencias. Esa es la verdadera cara del cartismo: no el discurso de unidad ni de grandeza, sino el blindaje sistemático de los suyos a costa del Estado de derecho y de la igualdad ante la ley.
Mientras esa lógica no se rompa, cualquier promesa de cambio o de institucionalidad sonará vacía. Porque no se puede construir un país serio cuando las reglas solo se aplican a los de abajo. Como bien lo expresó la diputada Vallejo: ¡No tienen vergüenza!