El reciente pronunciamiento de Asoban no es un grito de guerra entre competidores. Es un llamado de alerta institucional que el Banco Central del Paraguay (BCP) y buena parte del poder político parecen empeñados en reducir a una disputa comercial. Esa deducción no solo es incorrecta: es peligrosa.
En juego están la credibilidad del sistema financiero, la protección de los depósitos del público y del Estado, y la estabilidad macroeconómica de un país que aún construye su reputación como destino de inversión seria.
Asoban lo dijo sin eufemismos: “Es igualdad ante la ley y transparencia, no guerra comercial”. El gremio no niega la competencia. Lo que rechaza es que se presente como “guerra comercial” el reclamo de que las mismas reglas se apliquen a todas las entidades, sin excepciones selectivas, sin facilidades diferidas de décadas y sin concentraciones de riesgo escondidas detrás de estructuras societarias formales.
La sustancia económica debe prevalecer sobre la forma jurídica. Eso no es doctrina de un banco particular: es principio elemental de supervisión prudencial, consagrado en la Ley de Bancos, en las recomendaciones del Comité de Basilea y en la lógica de cualquier sistema que pretenda ser creíble.
El problema no es nuevo. Ya en junio de 2025, y nuevamente en septiembre de 2026, Asoban recuerda que ya planteó por escrito sus preocupaciones al BCP por vías institucionales, por escrito y sin difusión pública, sobre la necesidad de “preservar la solvencia y la estabilidad del sistema bancario en su conjunto”, la exposición crediticia de una entidad frente a empresas de su propio grupo, y la razonabilidad de las operaciones que deberían ajustarse a lo establecido en la Ley de Bancos y sus reglamentaciones.
El Senado elevó pedidos de informes. El BCP respondió de manera incompleta, confundiendo el secreto bancario a conveniencia y, lo más grave, sin el respaldo formal del Directorio como máximo órgano. Una respuesta de esa trascendencia no puede quedar librada a la firma de una sola autoridad.
Cuando el regulador dilata las correcciones, prioriza la forma sobre la sustancia y otorga facilidades excepcionales a unos mientras exige rigor a otros, envía una señal inequívoca: las reglas no son las mismas para todos.
Esa señal se filtra a depositantes, inversores institucionales, calificadoras, organismos multilaterales y, tarde o temprano, a la tasa soberana del país. Paraguay invirtió años en proyectar un sistema sólido, con Fondo de Garantía de Depósitos y capitalización por encima de los mínimos. Esa reputación se erosiona cada vez que se tolera una excepción no explicada o se responde con ambigüedad a una pregunta clara.
El impacto es de múltiples capas. Se debilita la confianza del público (personas, empresas, IPS y sector público no distinguen con precisión entre entidades cuando perciben un rasero desigual). Se distorsiona la competencia: quienes cumplen estrictamente terminan en desigualdad de condiciones. Y se compromete la autonomía técnica del BCP. La ley le otorga independencia precisamente para ejercer supervisión sin presiones ni favoritismos.
Cuando esa autonomía se percibe debilitada, el costo lo paga el país entero en mayor riesgo, mayor costo de financiamiento y menor atractivo para la inversión de calidad.
Hay quienes prefieren ver aquí un choque de egos o una pelea de cuotas de mercado. Esa lectura es cómoda, pero falsa. Asoban no pide castigar a un competidor. Pide que se aplique la ley con el mismo rigor a todos, que se transparenten los criterios de fusiones y absorciones recientes, que se evalúe la sustancia económica de las exposiciones a vinculadas y que las medidas correctivas se adopten a tiempo, sin esperar a que un sumario se diluya.
Santiago Peña, como jefe de Estado, no puede limitarse a reunirse con las partes, pedir “cordura” y denunciar politización mediática mientras la percepción de trato selectivo se consolida. El BCP opera bajo el marco institucional que su gobierno encabeza. La designación y el respaldo a sus autoridades, la defensa pública de respuestas incompletas y la ausencia de una exigencia clara de que el Directorio asuma de manera colegiada las respuestas de trascendencia institucional no son neutralidad: son omisión.
Más aún cuando existen antecedentes públicos de vínculos accionarios previos del propio presidente con estructuras del grupo en cuestión, y cuando la entidad involucrada experimentó un crecimiento acelerado en captación de fondos públicos tras el cambio de Gobierno.
La independencia del regulador no se defiende solo con discursos; se defiende exigiendo que actúe con el mismo rigor técnico y formal hacia todas las entidades, sin excepciones que el mercado interpreta como privilegio.
“Una respuesta clara da certeza; la falta de respuesta genera dudas”, afirma el gremio. Tiene razón. La duda, en materia financiera, es el primer paso hacia la pérdida de confianza. Y esa pérdida, una vez instalada, es extraordinariamente costosa de revertir.
Paraguay no puede permitirse relativizar estos principios. Convertir la exigencia de igualdad ante la ley en “guerra comercial” es una forma de neutralizar el debate y de proteger, de hecho, las excepciones.
El BCP tiene la obligación de responder con claridad técnica, con respaldo del Directorio y con la misma exigencia que aplica al resto del sistema. El Congreso tiene el deber de no conformarse con respuestas incompletas.
Y el Presidente de la República tiene la responsabilidad de garantizar que la autonomía técnica del regulador no se diluya bajo su mandato. La estabilidad no se defiende con silencios ni con eufemismos. Se defiende con transparencia, reglas claras aplicadas a todos por igual, y con un regulador que no tema ejercer su autonomía. Todo lo demás es, simplemente, mirar para otro lado mientras el riesgo se acumula.