23 de octubre de 2026

El diputado peñista y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alejandro Aguilera, despreció hoy el reclamo de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) que exige mayor transparencia al BCP y redujo las denuncias a una “campaña mediática”. Pese a ser juez de jueces, en las últimas semanas impulsa un proyecto de ley para castigar con hasta 10 años de prisión supuestos hechos de terrorismo financiero, con lo que silenciaría las denuncias en curso. Aguilera utiliza su doble rol de diputado y juez del JEM para perseguir a quienes cuestionan manejos públicos en el BCP.


A través de un comunicado, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) advirtió que las respuestas enviadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) al Senado no despejan las inquietudes sobre la supervisión bancaria. El gremio rechazó que su postura responda a intereses comerciales y exigió aplicar el mismo criterio regulatorio a todas las entidades del sistema, como también aplicar medidas correctivas inmediatas.

La Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) considera que las respuestas brindadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) a los pedidos de informes del Senado de la Nación, si bien representan el cumplimiento de un requerimiento institucional, no lograron despejar las principales inquietudes planteadas sobre el ejercicio de la supervisión bancaria.
Hay gestos que definen un Gobierno desde el primer día. Gestos que no necesitan discursos ni campañas para revelar su verdadera naturaleza. Uno de ellos, casi inaugural, fue la amputación al parecer deliberada de la Ley de Conflicto de Intereses, llamada de “puertas giratorias”. Apenas asumido el mandato, se mutiló la norma que debía impedir exactamente lo que hoy está a la vista de todos: que quien regula y quien es regulado puedan ser, en la práctica, la misma persona con distintos cargos y el mismo interés. La Ley 7089/23, que establecía el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública, fue despojada de su sustancia mediante la Ley 7236/24. Se eliminó la prohibición de las “puertas giratorias”. Se quitó, en definitiva, el freno que debía separar el interés privado del poder público. No fue un accidente legislativo ni un ajuste técnico menor. Todo da para pensar que fue una decisión política consciente, ejecutada con velocidad y sin pudor.

El exministro de Hacienda Manuel Ferreira cuestionó la postura del Banco Central sobre la supuesta solidez de la banca nacional. Instó a las autoridades a disipar las dudas planteadas por Asoban y el Congreso, advirtiendo que no se debe utilizar el secreto bancario como excusa para ocultar información de interés público.

Los pedidos de informes del Senado y las dudas surgidas en torno a operaciones de entidades financieras pusieron bajo la lupa el papel del Banco Central del Paraguay (BCP). Referentes gremiales plantearon sus expectativas sobre los controles, las respuestas técnicas y la fortaleza institucional del regulador.