En el conflicto desatado en el oficialismo, que a todas luces se inclinó en favor del sector encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente, Pedro Alliana, sobre el del titular de la ANR, Horacio Cartes, sin lugar a dudas fue decisivo el franco respaldo que 15 gobernadores colorados brindaron a los primeros. No faltaron las opiniones que atribuyeron esa preferencia a motivos ajenos a valoraciones puramente políticas. Según esta creencia, los gobernadores se habrían creído obligados a retribuir el hecho de que, en los últimos dos años, hayan recibido 4,21 billones de guaraníes (614 millones de dólares) del programa alimentario para centros educativos, conocido como Hambre Cero. Los jefes departamentales se habrían sentido agradecidos no solo por la confianza depositada en ellos, sino también quizá porque pudieron ayudar a algunos proveedores amigos, con los consiguientes beneficios que esas operaciones redituarían.
Restan aún dos años para seguir gozando de las mieles del poder, razón suficiente como para producir la impresión de que en una sola voz los gobernadores se hayan abroquelado alrededor de quien tiene la lapicera para firmar las asignaciones, y su segundo en el mando, aunque ello haya significado romper lanzas con el fundador y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes. Está visto que el dinero público es un “poderoso caballero” que estimula lealtades interesadas.
Dados los antecedentes, en que recursos públicos han sido desviados hacia determinadas direcciones, no puede descartarse que el programa Hambre Cero sea desvirtuado para alentar en 2028 las candidaturas vinculadas al poder de turno, sobre todo las que apunten a las Gobernaciones y a las Juntas Departamentales. La manipulación puede darse a través del desvío liso y llano de fondos o de la propaganda que se valga de los educandos para impresionar al electorado. Cuántas veces se ha denunciado en el pasado que actos oficiales se han convertido en verdaderas concentraciones con tufo electoral.
En uno u otro caso, se estaría pervirtiendo el proyecto del que tanto se enorgullece el Gobierno, tal como habría ocurrido de hecho en el desenlace de la crisis cartista: si influyó en ella, más de un gobernador podría verse tentado a que también incida de algún modo en los comicios generales de 2028 y en los internos previos. No está de más recordar la obviedad de que el programa en cuestión es financiado con el dinero de todos los contribuyentes y no solo con el de los afiliados al partido oficialista. Dado que el Estado y la ANR tienden a confundirse en la mentalidad de los que mandan, el temor a que se desvíen fondos con fines electorales no resulta absurdo, ni mucho menos.
De lo que se trata es de prevenir dicha práctica tan nociva para las finanzas y la moral públicas, que en el caso del programa alimentario en cuestión tendría ribetes aún más indignantes. La Justicia Electoral y la Contraloría General de la República deberían prestar suma atención. El secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-Auténtica), Gabriel Espínola, ha dicho que el programa Hambre Cero se convirtió en un “negocio” que, además, sirve para “el desarrollo del aparato electoral” de la ANR. Como hay serios indicios de que no le falta razón, cabe esperar que la Justicia Electoral y la Contraloría General de la República presten suma atención a este emprendimiento que habría tenido mucho que ver con la reciente aparente derrota política del propio Horacio Cartes.
No se trata de un tema menor, sino de uno en el que están en juego la limpieza de las próximas justas electorales y la honestidad en el manejo de la cosa pública. El asunto se agrava al considerar la perversión que supone tomar posiciones en el marco de un movimiento interno, de acuerdo al dinero recibido para ejecutar un programa en principio laudable. El buen manejo de la cosa pública exige separar rigurosamente los ámbitos estatal y partidario, algo que a los gobernadores colorados les parecería incomprensible.
Es elemental que la alimentación de los alumnos debe primar sobre las ganas de quienes aspiran a conquistar el poder político y, por extensión, el económico. Nunca está de más insistir en que el dinero de todos debe ser invertido en pro del bien común y no en el de un determinado partido.