No es el primer escándalo en el Congreso, pero cada nueva denuncia parece descubrir formas todavía más degradantes de utilizar el poder público. Esta vez, funcionarias del Senado salieron a denunciar un presunto mecanismo de cobros por acceder a empleos que paga el Estado. La gente ya lo ha bautizado como “peaje salarial”. Detrás de la expresión se esconde una acusación mucho más grave: los cargos públicos se han convertido en mercancía y los salarios de los funcionarios en una fuente de ingresos particulares.
Según las denuncias, la senadora tránsfuga hoy peñista Zenaida Delgado habría estado contratando funcionarios y rellenando cupos laborales en función a sus afectos y a quienes le prestan servicios personales, incluidos los de peluquería y maquillaje. Las afectadas aseguran que no solamente les habría exigido una compensación económica a cambio de los puestos de trabajo, sino también las habría obligado a contratar préstamos para devolver favores.
Si las denuncias se comprueban, estaríamos ante posibles infracciones administrativas, hechos punibles contra el ejercicio de las funciones públicas, delitos patrimoniales, prácticas de prebendarismo y clientelismo político. Se habría utilizado la estructura del Estado para colocar personas en cargos públicos y luego exigirles dinero mediante descuentos, prestamos impuestos o pagos como contraprestación por acceder o permanecer en esos empleos.
Hay algo que no admite discusión: los salarios de esos funcionarios se pagan con fondos públicos. Y ese dinero sale del bolsillo del pueblo, del que vive muy alejado de los privilegios parlamentarios, de los altos salarios y bonificaciones, del seguro médico, los cupos de combustible, el uso de vehículos y los exorbitantes viáticos para sus viajes
Los mismos senadores que expulsaron a Kattya González en 4 horas y 21 minutos, ahora descubren las virtudes de la prudencia procesal. Nadie discute el derecho a la defensa. Lo que corresponde es preguntar por qué las garantías, los tiempos y las cautelas parecen adquirir distinta importancia según quién ocupa el banquillo político. La diferencia de trato alimenta las sospechas de un blindaje político y deja una pregunta inevitable: ¿hay más casos por conocer? Por cierto, tampoco ayudó la actuación de la senadora Delgado, quien leyó quizá sin comprender, un escrito probablemente hecho a medida por algún esbozo de abogado: fue tan burdo que pidió tiempo para preparar a sus testigos.
El dinero público que tanta falta hace en salud, educación, vivienda –en fin, para garantizar una vida digna del pueblo– se está utilizando con total desparpajo para pagar estilos de vida de legisladores que ya viven de hecho lejos de la realidad.
El mensaje para quienes estudian, se capacitan y aspiran legítimamente a ingresar a la función pública es devastador: el mérito puede valer menos que un padrino político y un cargo público puede terminar teniendo un precio. Cuando conseguir trabajo depende de pagarle a quien controla el nombramiento, el Estado deja de garantizar oportunidades y empieza a administrar privilegios.
Corresponderá a la Fiscalía determinar si los hechos que están trascendiendo las paredes del Congreso constituirían cohecho por parte de quien habría dado cargos a cambio de compensaciones. Pero existe una distinción que no debe perderse: no es lo mismo ofrecer dinero para comprar un nombramiento que entregarlo bajo la amenaza de perder el trabajo. En el segundo caso, quien paga podría ser víctima de un delito, no su cómplice.
En un entorno donde parecen normalizarse las canalladas, las felonías, los privilegios y las ostentaciones a costa del erario público, preocupa la degradación institucional que revelan estas denuncias. El daño de estas prácticas no se mide solamente en millones de guaraníes. Se mide en oportunidades negadas, en funcionarios sometidos, en instituciones desacreditadas y en jóvenes que aprenden que para ingresar al Estado puede importar más conseguir un padrino que prepararse.
Cuando un cargo público se convierte en mercancía, lo que termina vendiéndose es la dignidad misma del Estado.