La senadora Zenaida Delgado (tránsfuga, hoy colorada) renunció a su banca por “razones personales y familiares”, en tanto que su excorreligionaria Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) propuso que pierda su investidura por el uso indebido de influencias en el nombramiento de tres asalariadas de la Cámara Alta, a cambio de una presunta retribución monetaria. En breve sesión, la Cámara de Senadores aceptó ayer la renuncia de la cuestionada legisladora, y ya juró en su reemplazo Faisal Ale Huespe Cibils, de Cruzada Nacional, la agrupación original de la senadora destituida.
En lo que va del actual periodo parlamentario, fueron aceptadas las renuncias de los senadores Hernán Rivas y Erico Galeano, luego condenados, respectivamente, a ocho años de cárcel por producir y usar documentos públicos de contenido falso y a trece años por lavado de activos y asociación criminal. Por su parte, Norma Aquino (Yami Nal), Javier “Chaqueñito” Vera y Kattya González fueron expulsados por diferentes motivos, con la diferencia de que, en el último caso, la medida fue notoriamente arbitraria: el “pecado” de la exsenadora no fue haber incurrido en corruptelas, sino más bien haberlas denunciado, como la cometida por el falso abogado Hernán Rivas. En cuanto al diputado Orlando Arévalo renunció a su banca, con el acuerdo unánime de sus pares, con el fin de no afectar a la Cámara ni a la ANR y defenderse ante “hechos públicamente conocidos”, según dijo; está procesado por cohecho pasivo agravado, en la causa conocida como La mafia manda.
Si a las renuncias y a las pérdidas de investidura referidas se agregan las fechorías que no salen a la luz y las perpetradas en periodos parlamentarios anteriores, resulta que hay razones para deplorar la paupérrima calidad del cuerpo legislativo. El Congreso –amparo y reparo de una copiosa clientela política– no brilla por la sapiencia ni por la honestidad del común de sus miembros. Según la Constitución, para ser electo diputado o senador basta con ser paraguayo natural y haber cumplido veinticinco años en el primer caso o treinta y cinco en el segundo. Es decir, un analfabeto bien podría ocupar una banca; de hecho, más de un legislador de hoy podría ser un iletrado funcional: Hernán Rivas no habría sido un caso excepcional.
La ignorancia supina de un representante del pueblo no puede ser subsanada mediante la contratación de asesores, lo que no implica rechazarlos por principio; el punto es que suelen fungir de tales por el mero hecho de ser parientes, amigos o correligionarios del legislador. Fátima Agüero, exasesora de Zenaida Delgado, habría reproducido en el Senado la trama de cobros irregulares montada en el Instituto de Previsión Social. A parlamentarios como esta última no les importa estar bien aconsejados a la hora de estudiar un proyecto de ley. Al parecer, lo que les interesa es practicar el clientelismo, el nepotismo, el tráfico de influencias o hasta la compraventa de cargos, como el de “asesor”.
Aparte de valorar la eticidad de los políticos, también se debe atender su solvencia intelectual, para que estén a la altura de las exigencias de un cargo electivo. En otros términos, la ciudadanía debería auscultar la idoneidad de los candidatos, algo que resultaría menos difícil tratándose de la Cámara Baja: el departamento Central elige a veinte diputados; los demás, así como Asunción, eligen entre dos y ocho, es decir, las “listas sábana” no son muy extensas, de modo que el votante bien podría –debería– conocer a sus integrantes. Si son muchos los parlamentarios que dan vergüenza ajena es porque los electores no son lo bastante exigentes a la hora de votar. Es hora de que lo sean para que en el Palacio Legislativo no sigan abundando los incapaces y los sinvergüenzas: el costo que ello supone para el país es demasiado alto, como para que la ciudadania siga permitiéndose ese “lujo” de elegir a tantos impresentables.
Zenaida y otros de igual o similar calaña no son allí cuerpos extraños en el Congreso, sino más bien la expresión elocuente de la deplorable índole de los muchos que han sido electos porque los votantes no fueron rigurosos en las urnas. Cabe esperar que en 2028 cambie la calidad de la legislatura, para que no siga siendo el receptáculo de tantos descarados ni, por ende, el repugnante escenario de repetidos hechos ignominiosos. Es hora de que el ciudadano diga basta, incluso por respeto a sí mismo.