Con trámites judiciales, se desfondan las arcas públicas

A raíz de una resolución judicial, el IPS entra en riesgo de perder 31 mil millones de guaraníes en un juicio, supuestamente porque los abogados del ente desatendieron el expediente. Cualquiera sea el resultado de esta experiencia particular, en los últimos tiempos parece una constante que los abogados de organismos públicos pierdan juicios en los que se tramitan enormes cuentas. La negligencia, la incompetencia y la irresponsabilidad aparecen como defectos comunes de los representantes de las entidades estatales. Dadas estas circunstancias, cabe preguntar: ¿Para qué las entidades descentralizadas necesitan abogados permanentes con voluminosos salarios, si casi siempre terminan causando más perjuicios económicos al ente antes que algún beneficio?.