Corrupción en el Hospital de Clínicas

Hace décadas que venimos exhortando a los gremialistas y a los sindicalistas del sector público a que asuman el compromiso ético y patriótico de cooperar en la lucha contra la corrupción general, en especial esa de la que ellos son testigos cotidianos por su condición de funcionarios y empresarios que trabajan para el Estado o contratan con este en diversos tipos de actividades. En ese sentido, es encomiable que más de un centenar de médicos del Hospital de Clínicas agremiados hayan tomado la iniciativa de denunciar ante los organismos pertinentes de control una larga lista de irregularidades en los manejos administrativos de la institución. Si se atiende este tipo de denuncias, podríamos tener en los organismos públicos funcionarios convertidos en celosos vigilantes del interés general y de los recursos del Estado.

Hace décadas que desde la prensa venimos exhortando a los gremialistas y a los sindicalistas del sector público a que asuman el compromiso ético y patriótico de cooperar en la lucha contra la corrupción general, en especial esa de la que ellos son testigos cotidianos por su condición de funcionarios y empresarios que trabajan para el Estado o contratan con este en diversos tipos de actividades.

Es muy cómodo despotricar contra gobernantes, políticos y funcionarios corruptos, y contra los organismos públicos ineficientes cuando uno es víctima de ellos, pero mantenerse olímpicamente callado cuando se es beneficiario de su venalidad o ineptitud.

En ese sentido, es encomiable que más de un centenar de médicos del Hospital de Clínicas agremiados hayan tomado la iniciativa de denunciar ante la Contraloría General, el Ministerio Público y la Secretaría de la Función Pública una larga lista de irregularidades en los manejos administrativos de la institución, que incluye puntos oscuros y sospechas sobre licitaciones, adquisiciones con concursos, compras directas, derroche, “cuatismo” en la designación de nuevos docentes, soslayamiento de las reglas de concurso de méritos para nombramientos, ascensos y promociones, y otros vicios más del menú folclórico.

Si tan solo una cuarta parte de los hechos denunciados fuera verídica, ya habría motivo suficiente para que los organismos estatales de contraloría, investigación, juzgamiento y sanción, es decir, los que tienen por finalidad principal combatir la venalidad, la arbitrariedad, el tráfico de influencias y el nepotismo, intervinieran la administración del Hospital de Clínicas y la misma Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional, a cuyo ámbito administrativo pertenece aquel nosocomio.

“Es importante destacar que los responsables de dicha institución (Hospital de Clínicas) se escudan en la autonomía universitaria”, detallaron los denunciantes. O sea que las autoridades cuestionadas creen, o simulan creer (esto último es lo más probable), que el concepto de “autonomía”, tal como lo emplea la Constitución, es una especie de consagración de un pequeño Estado dentro del mismo Estado nacional, una isla donde ninguna autoridad nacional tiene atribución ni acceso. En este caso, pues, los decanos y rectores serían como jeques o sultanes, dueños y señores de un ámbito, legisladores y jueces supremos de su propia conducta.

Este absurdo no tiene sustento en ninguna regla, interpretación jurídica ni sentido ético. La autonomía guarda exclusiva relación con el gobierno de la institución, con la toma de decisiones, pero de ninguna manera debe servir como credencial de impunidad ni como paraguas para cubrirse de los alcances de la ley y la justicia.

Por otra parte, es preciso hacer notar que, así como en las leyes se establece el principio de autonomía para facilitar la labor en el ámbito académico del nivel terciario, así también se dispone de la herramienta de la intervención del Gobierno cuando ese derecho de autonomía se desvirtúa y es usado como pretexto para impedir la investigación de posibles hechos punibles en la administración de la institución autónoma de que se trate.

Lamentablemente para la ciudadanía usuaria de los servicios médicos públicos de ese hospital, para los profesionales médicos y paramédicos que ejercen allí, así como para sus funcionarios, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, Aníbal Peris, mandamás del Hospital de Clínicas y principal acusado de ser el responsable de las irregularidades denunciadas, es un político. Lamentablemente, decimos, porque ese es un cargo con responsabilidades sociales demasiado importantes como para que se le hayan encargado a un médico-político, cuyo interés principal, obviamente, no es servir a la comunidad y al prójimo sino mandar y, en nuestro país, servirse de los recursos estatales para hacerse financiar campañas electorales.

Este comentario servirá seguramente para que el decano Peris se defienda de la acusación con la archigastada excusa de que “todo esto es una campaña política de desprestigio contra mí”. Y con esta muletilla querrá continuar eludiendo la acción de los organismos creados para vigilar la administración del dinero público e impedir los actos que la envilecen.

No obstante, el petitorio elevado por los médicos constituye un paso positivo, muy significativo, para que por fin se produzca el despertar de gremialistas y sindicalistas de la Administración Pública en su disposición para sumarse a la lucha contra la corrupción de la que son diariamente testigos y, a menudo, sus primeras víctimas. Si la Contraloría General y el Ministerio Público dejan pasar esta excelente oportunidad de mostrar un apoyo firme a denuncias de esta naturaleza interviniendo el Hospital de Clínicas –y, si es necesario, también la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA–, suspendiendo en sus funciones al decano político Peris hasta que se aclaren las graves denuncias que se le formulan, será muy desalentador para los demás funcionarios y profesionales de la Administración Pública que tengan la intención de cooperar con la justicia.

Si se prestan oídos a los médicos denunciantes, y se lo hace sin temer a las influencias partidarias y maniobras que el decano Peris pueda utilizar, podríamos tener en los organismos públicos funcionarios convertidos en celosos vigilantes del interés general y de los recursos del Estado, y así la lucha de la sociedad contra la corrupción en las instituciones públicas comenzará a disfrutar de sus primeros grandes triunfos, tan anhelados y tan escasos, hasta ahora.

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