En lo que debe ser considerado como el más audaz y perverso exabrupto político jamás proferido en la última década, la ex secretaria general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), María Emma Mejía, acuñó el término democracia “flexible” para justificar todos los atropellos y abusos que contra este sistema de gobierno abierto y plural viene cometiendo sistemáticamente la nueva camada de presidentes autoritarios izquierdistas que gobiernan en la región, los exponentes de ese engendro conocido como “bolivarianismo socialista del siglo XXI”, nuevo nombre para el fracasado marxismo, enemigo de la libertad y la propiedad privada.
En un documento en el que compara las cláusulas democráticas existentes en la región, la excanciller colombiana destaca: “Una diferencia es aquella que mantiene con la cláusula democrática de la OEA, que conserva un estrecho compromiso sistemático con la democracia de carácter representativo; mientras que la Cláusula de Unasur evita el uso de este adjetivo, lo que permite tener una lectura más flexible sobre la naturaleza de los regímenes sudamericanos”.
La palabra lo dice todo. Ella se delata a sí misma. Si nos atenemos estrictamente a la consideración lingüística del vocablo “flexible”, podemos constatar que el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) define este adjetivo de la siguiente manera: “que tiene disposición para doblarse fácilmente”.
Etimológicamente, proviene del latín “flexibilis”, que significa “flexible o dócil”.
Así, pues, democracia “flexible” viene a equivaler a un sistema político maleable, dúctil y dócil. Y se preguntará el amable lector por qué ella debería reunir estas características conceptuales; pues muy claro, para que quienes no creen en ella puedan manipularla a su antojo a fin de instaurar y/o consolidar regímenes de corte totalitario bajo una fachada de aparente legalidad. Algo similar a la “democracia sin comunismo” que el déspota Alfredo Stroessner inventó en su momento para hacerle creer al mundo, sin éxito, que aquí no regía dictadura de ningún tipo, mientras ejercía una feroz represión contra sus opositores, como Chávez, Correa y Evo ahora en sus países.
En efecto, esto es, ni más ni menos, lo que acontece en la región. Este mismo miércoles, la prestigiosa organización Reporteros sin Frontera informó que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dispuso el cierre de cuatro radios y dos canales de televisión en su país, lo cual representa un claro y directo golpe contra el ejercicio de la libertad de expresión del pueblo ecuatoriano.
Un día antes, esta misma semana, sindicatos venezolanos denunciaron presiones para que funcionarios públicos paguen un día de trabajo al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del presidente Hugo Chávez, para recaudar fondos para la campaña electoral que vuelve a postular al gorila bolivariano a la Presidencia del país caribeño. Casi calcado de lo que aquí sucedía en épocas del tirano Alfredo Stroessner.
Coincidentemente, ese mismo día, el gobierno boliviano de Evo Morales consideraba “desatinada” la decisión del Gobierno brasileño de conceder asilo político al senador opositor Roger Pinto, quien soporta en su contra más de 20 procesos penales impulsados por el Ejecutivo, en lo que supone una evidente maniobra de hostigamiento y persecución. Ahora se lo quiere castigar por denunciar a ciertas autoridades de estar involucradas en hechos de narcotráfico.
Este es, pues, el tipo de atropellos y violaciones a la democracia y los derechos humanos que la propuesta de la señora Mejía pretende venir a maquillar bajo el concepto de democracia “flexible”, de allí su visceral odio –y el de sus patrones– por la Cláusula Democrática del Mercosur contenida en el Protocolo de Ushuaia (1998) y en la Carta Democrática Interamericana de la OEA (2001).
De hecho, esta última, en su artículo 3, prescribe: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Pero ninguno o casi ninguno de estos “elementos esenciales” de la democracia representativa –término que pretende ser ahora tranquilamente impugnado por la señora Mejía– están plenamente vigentes en los países sometidos por regímenes bolivarianos, de allí la perentoria necesidad que tienen de encontrar una excusa de carácter filosófico-doctrinario que permita a sus líderes seguir consolidando la vía del totalitarismo en sus respectivos estados, con el pretexto de que fueron electos por vías legítimas.
Ante este descomunal despropósito político, debe señalarse que resulta cuando menos lamentable que una figura como María Emma Mejía, que alguna vez gozó de cierta reputación política en su país y en el resto de la región, actúe como una ramplona asalariada de gobernantes inescrupulosos y antidemocráticos, y que se preste servilmente a promover la causa del autoritarismo en América del Sur.
El Congreso Nacional no debe dejarse engañar por las definiciones arteras de la exministra colombiana, manteniéndose firme en su propósito de rechazar el perverso Protocolo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia, adoptado en noviembre de 2010, el cual, como ahora venimos a constatar, no es más que el instrumento que los nuevos dictadores de la región esgrimirán para instalarse o permanecer eternamente en el poder.