El intervencionismo desembozado de la mano del neocolonialismo chavo-marxista está alcanzando niveles pocas veces vistos en la historia de la región. El caso del Paraguay es el más demostrativo de este grado de abierta injerencia al que aludimos. A tenor de los últimos acontecimientos, algunos países se creen en el derecho de programar un “plan” para determinar lo que aquí deberá acontecer en el futuro, prescindiendo completamente de las leyes de la República y de la voluntad de los paraguayos de construir soberanamente su propio destino.
A mediados de la presente semana, un grupo de “alto nivel” de la Unasur se reunió en Lima para “evaluar el estado de la situación en Paraguay, basándose en las pautas de trabajo acordadas por los jefes de Estado de Unasur reunidos en la ciudad argentina de Mendoza, en junio pasado”.
Al mismo tiempo, el canciller brasileño Antonio Patriota, declarado enemigo del Paraguay, mantuvo en las últimas semanas sendos encuentros con sus pares de Argentina, Héctor Timmerman; de Uruguay, Luis Almagro, y de Venezuela, Nicolás Maduro –con este último se entrevistó ayer mismo–, dizque para “analizar” el desarrollo de los acontecimientos políticos en el Paraguay y definir acciones para garantizar la “plena vigencia de la democracia”.
Todos, igualmente convencidos del derecho que tienen de intervenir en el Paraguay para decidir qué es lo que nos “conviene” y qué no, desde luego sin jamás habernos preguntado a los propios paraguayos si estamos o no de acuerdo con su forma de proceder, con sus estrategias o los métodos que pretenden aplicar aquí para imponernos su voluntad.
Ellos definen, por sí y ante sí, qué es legal y qué no en nuestro país. Así actuó la Unasur en el pasado y así lo continúa haciendo ahora. En junio, por ejemplo, en ocasión del juicio político sustanciado al expresidente Fernando Lugo por notorio “mal desempeño de sus funciones”, el mencionado organismo determinó que aquello constituyó una “alteración del orden democrático” y no la aplicación –como en sentido estricto fue– del artículo 225 de la Constitución Nacional.
En suma, actuó como una patota inquisidora encargada de “interpretar” nuestra Ley Fundamental. Se arrogó las funciones de la Corte Suprema de Justicia y decretó la “inconstitucionalidad” de lo actuado.
¡Insólito! Ahora –vuelta a lo mismo– sus integrantes pretenden que Fernando Lugo se postule otra vez como candidato a la Presidencia de la República, de forma tal que, impugnado por los claros impedimentos constitucionales existentes, ellos puedan tener argumentos necesarios para proclamar urbi et orbi la deslegitimación del proceso electoral.
A la vista de estas repudiables acciones, en verdad debemos decir que hay algo que realmente nos entristece, y no es que gobernantes que le deban a San Hugo Chávez muchas velas estén avasallando nuestra soberanía y dignidad, sino que es llamativo el grado de desinterés por nuestra causa que muestran los partidos de oposición de las naciones de la región y sus respectivos líderes –salvo honrosas excepciones, como el caso uruguayo– para condenar sin ambages el flagrante intervencionismo propiciado por los gobernantes de sus países, denunciando ante el mundo entero el desvergonzado atropello a nuestra independencia nacional.
No reaccionan ni los macristas del PRO ni los radicales de la UCR en la República Argentina. Casi nada han dicho al respecto el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del expresidente Fernando Henrique Cardoso en el Brasil; la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática que postuló recientemente a Henrique Capriles a la Presidencia de Venezuela; el Partido de la U del expresidente Álvaro Uribe en Colombia; el partido Aprista o Fuerza 2011 en Perú; tampoco Renovación Nacional o la Unión Demócrata Independiente de Chile.
Tal vez los políticos que integran estas nucleaciones políticas no ven que un caso similar al del Paraguay muy bien podría registrarse alguna vez en sus propios países, por lo que también serían forzados a aceptar la interpretación de sus propias constituciones por parte de extraños, u obligados a admitir como socios a aquellos que deseen imponer gobiernos extranjeros, como sucedió con el ilegal e ilegítimo desembarco por contrabando del gorila bolivariano Hugo Chávez en el Mercosur.
Desde la conflagración bélica por la defensa del Chaco Boreal, nunca el Paraguay conoció un atropello tan afrentoso a su independencia y una violencia al principio de su autodeterminación tan prepotente y ultrajante como el que está sobrellevando en la actualidad.