La nota reversal sobre cogestión paritaria en la usina hidroeléctrica binacional de Yacyretá, firmada en Buenos Aires el pasado 12 de noviembre y actualmente a consideración del Senado de la República, ha sido calificada por el canciller nacional Eladio Loizaga como un “logro histórico”. Sin embargo, para la opinión ciudadana en general y de los especialistas del sector eléctrico en particular, ella configura otra vez la convalidación de un despojo histórico de soberanía antes que la reivindicación de nuestros derechos soberanos, largamente conculcados por los argentinos en la binacional.
En efecto, en vez de simplemente exigir el cumplimiento de la cláusula de alternancia en la dirección y administración de la entidad cada cinco años, como lo dispone el Tratado, nuestros obsecuentes negociadores, encabezados por el canciller nacional, han formalizado la aceptación de la leonina propuesta argentina arguyendo anodinamente que la misma ya había sido previamente acordada por los presidentes Horacio Cartes y Cristina Fernández en ocasión de la visita de la mandataria argentina al Paraguay hace un par de meses. Ante tan irresponsable actitud de quienes tienen la delicada misión de defender los intereses de la Nación en la entidad binacional, la conclusión obvia de la ciudadanía en general, y de los especialistas del sector energético en particular, es que una vez más hemos dado un paso en falso.
Con esta postura entreguista del Gobierno nacional en la mesa de negociaciones con la Argentina, corremos el riesgo de que al final terminemos convalidando lisa y llanamente el “preacuerdo técnico” convenido en principio por los presidentes Nicanor Duarte Frutos y Néstor Kirchner en 2006, con su nefasta cláusula de “novación”, por la que el Paraguay aceptaba que la Argentina se llevara más del 40 por ciento de la energía total generada en la usina binacional durante 42 años, a una tarifa ínfima de unos US$ 17,7 por megavatio hora, en concepto de pago por la deuda de la binacional con el Tesoro argentino.
Sería realmente trágico para la suerte del Paraguay que, tras haber sufrido inmerecidamente durante 40 años el despojo de nuestro más valioso recurso natural en el emprendimiento hidroenergético conjunto, tengamos que ahora doblegarnos de nuevo ante nuestros taimados socios para convalidar esa largamente sufrida ignominia. Y lo que es peor aún, para perpetuarla en el tiempo. Como dice el ingeniero Ernesto Samaniego, experto paraguayo en temas energéticos, “si se aprueba en el Congreso la nota reversal de la cogestión, posiblemente el Gobierno asuma una actitud política y populista, festejando un ‘gran logro’, al igual que como lo fue en su momento el acuerdo Lugo-Lula, a pesar de que no se había conseguido ninguno de los seis puntos planteados por nuestros representantes”.
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La nota reversal convenida por el gobierno de Horacio Cartes es innecesaria e inconveniente, por dos razones básicas: primera, la cogestión en la dirección y administración de la usina binacional ya está claramente establecida en el Tratado de Yacyretá, es simple cuestión de ponerla en práctica; segunda, la nueva modalidad de cogestión prevista en la nota reversal sometida a la aprobación del Senado paraguayo secciona la dirección y administración de la usina binacional en dos compartimientos virtualmente estancos, debilitando el indispensable sinergismo que debe existir entre las dos administraciones componentes para que la usina y sus recursos humanos sigan funcionando como un todo integral, independientemente de la forma en que se administren los respectivos feudos de cada margen, como se propone en la nota reversal de referencia.
La propuesta del Gobierno argentino es muy perjudicial para los intereses del Paraguay, porque por la asimetría geoeconómica existente entre ambos países, por mucho tiempo todavía la Argentina va a seguir consumiendo la mayor parte de la energía eléctrica paraguaya generada en la usina. Lo que nuestros socios buscan es impedir que la ANDE sea la que se encargue de administrar la venta del excedente de energía paraguaya en el vecino país a precio de mercado, sino que lo haga discrecionalmente –como hasta ahora– la dirección argentina de la margen izquierda, tal como proceden los brasileños en Itaipú, impidiendo que la ANDE venda la electricidad paraguaya directamente en el mercado energético brasileño, a pesar de que en el acuerdo Lugo-Lula a que hizo referencia el ingeniero Samaniego quedó convenido que sí podría hacerlo.
Otro grave perjuicio para el Paraguay es que, debido al factor geopolítico más arriba apuntado, la dirección autónoma argentina de la margen izquierda ejercerá el control de facto de la administración central de la usina, sin participación de los paraguayos, con lo que, en definitiva, la Argentina seguiría controlando a su antojo y conveniencia –como hasta ahora– la usina hidroeléctrica binacional. Así las cosas, el saldo final de las negociaciones encaradas por el gobierno del presidente Horacio Cartes con su par argentino resultará en más de lo mismo: renegociar el Tratado para no cambiar nada de lo que beneficia a la Argentina.
Por suerte, aunque el gobierno del presidente Cartes ya ha firmado la nota reversal de cogestión paritaria compartimentada en márgenes respectivas, el Senado de la República la debe aprobar para que tenga validez jurídica internacional. Consecuentemente, la ciudadanía espera que, como sus colegas en 1997, esta vez también los senadores paraguayos den al pueblo soberano una clara prueba de patriotismo rechazando el desventajoso y entreguista acuerdo de referencia.