Un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, es siempre una buena ocasión para verificar si sus postulados tienen real vigencia en nuestro país. Hoy podemos discutir al respecto sin temor y efectuar los reclamos que nos parezcan justos, a diferencia de aquellos duros años de la dictadura de Alfredo Stroessner en que hacerlo implicaba arriesgar la vida, la libertad o la integridad física.
Para conocimiento de las actuales generaciones, es oportuno recordar que la última redada hecha por los esbirros de la dictadura tuvo por objeto, justamente, frustrar una marcha de protesta prevista para el 10 de diciembre de 1988. En aquel entonces, las violaciones sistemáticas afectaban incluso a los derechos de primera generación, como los referidos a las libertades de movimiento, de expresión, de asociación, de reunión y de participación en el gobierno mediante representantes elegidos. Ellos eran vulnerados por los agentes del Estado, sin que sus víctimas pudieran ser oídas por jueces independientes e imparciales. Felizmente, en lo que hace a esos derechos, la situación en el Paraguay ha mejorado sustancialmente en las últimas décadas: son raras las detenciones arbitrarias, lo mismo que los casos de torturas; no hay desterrados y nadie es molestado por sus opiniones; hay libertad de prensa y el pluripartidismo está bien instalado.
Recordar el pasado liberticida sirve para valorar cuanto hemos conquistado desde 1989 y para estar siempre atentos ante cualquier amenaza autoritaria. Esas conquistas nunca son irreversibles. Conviene reconocer los avances, pero también admitir que ciertos derechos humanos básicos aún están lejos de estar garantizados. Uno de ellos es el de la seguridad: se diría que, en los últimos años, la de las personas y sus bienes se ha venido degradando y no solo por la proliferación de delincuentes habituales, sino también por la emergencia de una banda criminal con ropaje político y de grupos mafiosos dedicados al narcotráfico. Arlan Fick y Edelio Morínigo están secuestrados desde hace 252 y 159 días, respectivamente, y Pablo Medina y Antonia Almada ya no están con nosotros. Valga recordar a los dos primeros porque la mayoría de las organizaciones que dicen velar por los derechos humanos en el Paraguay suelen guardar un vergonzoso silencio acerca de la monstruosa violación del derecho a la libertad de los cautivos, así como la del derecho a la vida que sufrieron las víctimas mortales. El memorable documento también ampara a los secuestrados y a los muertos por la banda criminal. Para que no quepan dudas, su art. 30 dice: “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.
Urge que el Estado garantice la seguridad con la ley en la mano y con una fuerza pública competente y honrada. El imperio de la ley está ligado al de la justicia. El hecho de que ahora los políticos hablen de una reforma judicial implica la constatación de que, en efecto, faltan tribunales independientes e imparciales: la Justicia está sometida en gran medida al poder político y al económico.
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El documento de las Naciones Unidas se refiere, además, a los llamados derechos de segunda generación, entre los que cita en primer lugar la seguridad social. Y bien, solo una pequeña minoría de los paraguayos accede a ella, pese a que la Constitución dispone que sea obligatoria. Aquí fallan tanto el Estado, que deja impune el incumplimiento, como el empleador que no inscribe al trabajador ante el Instituto de Previsión Social (IPS).
Toda persona tiene también derecho al trabajo, pero el desempleo –sobre todo el juvenil– sigue siendo elevado, pese al sostenido crecimiento económico: falta mano de obra capacitada, porque se ignora que la señera Declaración ordena que la instrucción técnica y profesional sea generalizada.
Nuestro catastrófico sistema educativo está lejos, por cierto, de asegurar “el pleno desarrollo de la personalidad humana”, que es otra de las exigencias, de modo que remediarlo debe ser una de las tareas nacionales prioritarias.
En 1948, cuando nació esta fundamental Declaración, el medio ambiente no estaba en el centro del interés de la comunidad mundial, como lo está ahora. Por eso, el documento comentado no proclama ese derecho de tercera generación que es el de vivir en medio de un entorno sano, pero sí lo hace nuestra actual Constitución. Pese a ello, ese derecho sigue siendo también violentado por quienes no respetan y degradan el medio ambiente.
Cabe recordar también los derechos relacionados con los indígenas, con los niños y con los jóvenes: ver a tantos de ellos vagar en harapos por los centros urbanos, mendigando o incluso inhalando sustancias tóxicas, es un penoso espectáculo que debe incitar al Estado, a las organizaciones no gubernamentales y a la ciudadanía en general a hacer mucho más de lo hecho hasta hoy para que ellos puedan ejercer su derecho a una vida digna.
El documento referido declara, asimismo, que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Uno de los signos más elocuentes de que el derecho a la salud, expresamente consagrado en nuestra Constitución, apenas tiene vigencia efectiva es el alto índice de mortalidad materno-infantil, lo que remite a las muy serias deficiencias del sistema sanitario, caracterizado por la falta de infraestructura, de equipamiento, de insumos y de personal idóneo.
La somera revisión precedente sugiere que, en lo que hace a los derechos civiles y políticos, el Paraguay puede preciarse de grandes logros, y no por concesión graciosa de sus gobernantes, sino por el ansia de libertad de los propios paraguayos que a lo largo de muchos años dieron testimonio de coraje. En cuanto a los derechos económicos y sociales, existen considerables déficits, que deben ser enfrentados con inteligencia y voluntad. Tenemos el deber de derrotar a la pobreza y lograr un desarrollo socioeconómico sustentable con igualdad de oportunidades, precautelando el medio ambiente para legar a nuestros hijos un país que, aunque no sea un vergel, diste mucho de ser un páramo.