En el 2012 egresaron de nuestras universidades 2.905 abogados y 596 ingenieros en diversas ramas. De estas cifras se puede deducir que hay una desconexión entre las necesidades del mercado laboral y las carreras elegidas por los jóvenes.
Como viene sucediendo desde hace muchos años, solo una pequeña minoría de los nuevos abogados ejercerá su profesión, en tanto que el sector privado seguirá quejándose de la falta de profesionales técnicos altamente calificados. No es de suponer que la vocación por las ciencias jurídicas se halle tan difundida en un país en donde la Justicia funciona tan mal, ni que la ciencia y la tecnología resulten, de por sí, muy poco atractivas. Lo que probablemente ocurra es que, debido a la pobrísima educación secundaria, la carrera de Derecho aparenta más fácil que una de ingeniería agroindustrial, por ejemplo.
No exige dedicarse al estudio a tiempo completo, así que permite trabajar en las horas libres o –mejor dicho– asistir a clases y estudiar fuera del horario de trabajo. Ahora bien, el Paraguay requiere no solo profesores, sino también estudiantes a tiempo completo. Para que tenga buenos profesionales, hace falta que el universitario se dedique sobre todo a estudiar. En ciertas áreas, como la de las ciencias sociales, hay un exceso de titulados que, lamentablemente, brillan por su incompetencia.
La notoria discrepancia entre las demandas del mercado laboral y la población universitaria es atribuible también a la deficiente orientación vocacional previa: como a los estudiantes del nivel secundario no se les presenta toda la gama de ofertas, terminan optando por una de las carreras tradicionales, inducidos muchas veces por sus padres, que quieren tener a toda costa un hijo que sea “doctor”. Así, miles de graduados pasan a engrosar anualmente un “proletariado intelectual”, para frustración de sus miembros y para mal del país, que invierte cada año más de 377 millones de dólares en la educación superior. En un país en que la economía no está centralmente planificada, el derecho a elegir una profesión es innegable. Sería inadmisible, pues, que las universidades públicas fijaran ciertos cupos por facultad. Lo que sí podrían hacer es inducir la elección de carreras vinculadas a las ciencias naturales y agrarias, así como a ingeniería y la tecnología, equipándolas adecuadamente y promocionándolas entre los futuros estudiantes. No es cuestión de invertir más, sino mejor, privilegiando las carreras no tradicionales. Si fuera difícil hallar suficientes profesores idóneos en esas áreas, habría que aumentar el número de alumnos por aula, para lo cual habrá todavía cierto margen, sin llegar al extremo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, donde un profesor da clases ante más de 200 futuros abogados.
De las universidades salen demasiados profesionales que no tendrán un futuro promisorio porque sus respectivas especializaciones no son muy requeridas por la sociedad. Dada la distribución entre las áreas del conocimiento y las demandas del mercado laboral, el número de estudiantes –211.857 en 2012– parece excesivo. Habría sido preferible que, en vez de ingresar a la universidad, muchos de ellos hubiesen optado por asistir a un centro de formación y capacitación profesional. Esto puede resultar irritante para quienes creen que un título universitario otorga un gran prestigio, aunque no necesariamente un buen ingreso. Se trata de un prejuicio cultural que va a contramano de la necesidad de que cada año hallen trabajo los jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa.
En el sector privado hay muchas vacancias en campos como la refrigeración, la electricidad, el mantenimiento de máquinas, la metalmecánica, entre otros, que tienen además remuneración inmediata. Por ejemplo, los ingenieros eléctricos, junto con empresas privadas, permanentemente están ofreciendo cursos de unos dos años para varias especialidades en las que existe una aguda escasez de técnicos, y que por tanto demandan mucho personal y ofrecen buenas remuneraciones. Así se tiene que, dada la enorme cantidad de grandes edificios que se construyeron y se están construyendo en nuestro país, se carece de personal especializado para fiscalizar las instalaciones eléctricas o realizar el mantenimiento. Inexplicablemente, este tipo de carreras tienen poco atractivo entre los jóvenes. Esto es una prueba palpable de que falta mano de obra capacitada en esas y en otras áreas técnicas, de profesiones que además permiten el trabajo autónomo. Siendo así, el nivel salarial puede llegar a ser bastante alto. Otro ejemplo indica que los técnicos mecánicos de cosechadoras –formados en el extranjero, por falta de oferta de formación local– ganan mensualmente entre 22.500.000 y 27.000.000 de guaraníes.
Si hay unos 790.000 jóvenes desempleados o subempleados es porque no recibieron una formación que les permitiera lograr un puesto de trabajo. No se trata solo de que se imparta una educación de buena calidad, sino también de que ella responda a la demanda de los sectores productivos. Es evidente que el país necesita mandos medios antes que bachilleres humanísticos y abogados. La falta de personal idóneo afecta la creación y la expansión de firmas industriales o de servicios. En otros términos, la mano de obra formada y capacitada no será el resultado de un mayor desarrollo, sino que, al contrario, el requisito de un mayor desarrollo es una cooperación entre los sectores público y privado –prevista en la Ley de Empleo Juvenil– que apunte a fomentar las aptitudes requeridas en el mercado laboral. También es necesario, aparte de aumentar el número de colegios técnicos bien equipados, ampliar su oferta curricular y adiestrar a sus docentes, reforzar el Servicio Nacional de Promoción Profesional y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), que reciben aportes de los empleadores.
El Paraguay es un país de gente joven que necesita ser formada y capacitada para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más pequeño, cambiante y competitivo. La sociedad de la información exige que los recursos humanos de un país sean capaces de enfrentar esos desafíos, para lo cual es imprescindible invertir mucho y bien en la educación. Esa inversión debe dirigirse, sobre todo, a la formación de científicos e ingenieros, así como a la de mandos medios. Los 15 millones de guaraníes que las universidades públicas invierten anualmente por cada estudiante resultan exorbitantes si muchos de ellos siguen carreras que hoy no sirven de mucho para disminuir la pobreza, ni para redituar ingresos dignos en el ejercicio de la profesión, en la gran mayoría de los casos.