La doble cara de los bolivarianos vernáculos

Desde hace más de cinco años, los departamentos de Concepción y San Pedro viven en un estado de ansiedad y temor debido a las andanzas delictivas del EPP, grupo terrorista ligado al crimen organizado de narcotraficantes y cultivadores de marihuana que operan en la región. Ante la reciente modificación de la Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interna para permitir la participación de militares en operaciones de combate contra dicha banda y contra cualquier amenaza a la paz pública, sin necesidad de recurrir al estado de excepción, los legisladores y organizaciones locales afines al “bolivarianismo” chavista seguidores del expresidente Lugo y sus adláteres, se opusieron tenazmente a dicha medida. Con ello han dejado al descubierto la doble moral que los caracteriza, pues nunca se han manifestado, por ejemplo, contra la politización ideológica de los militares en Venezuela y Bolivia.

Desde hace más de cinco años la zona norte de la Región Oriental –los departamentos de Concepción y San Pedro– vive en un permanente estado de ansiedad y temor debido a las andanzas delictivas del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo terrorista ligado al crimen organizado de narcotraficantes y cultivadores de marihuana que operan en la región, sin que hasta ahora la Policía Nacional haya podido poner fin a sus fechorías. Durante los gobiernos de los expresidentes Fernando Lugo y Federico Franco, esta banda de facinerosos que utiliza la táctica guerrillera de asestar golpes y huir sin dejar rastros ha perpetrado más de medio centenar de ataques terroristas, incendiando puestos militares y comisarías, secuestrando y asesinando a ganaderos, policías y humildes peones de establecimientos agrícolas y ganaderos. La incapacidad de la Policía Nacional para frenar las incursiones criminales de este grupo guerrillero ha quedado de manifiesto con los estériles, aparatosos y onerosos despliegues de fuerza realizados al amparo del estado de excepción y con masivo apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, dentro del marco de la Ley 1337/99, de Defensa Nacional y de Seguridad Interna.

Para tener una idea de la inoperancia –falta de voluntad política, sería la expresión correcta– de los gobiernos de Lugo y Franco para neutralizar a esta banda criminal, basta un botón de muestra: el “Operativo Py’a Guapy”, llevado a cabo por una fuerza conjunta policial-militar, al amparo de la Ley 3994 de estado de excepción promulgada por el presidente Fernando Lugo el 24 de abril de 2010, en los departamentos de Concepción, San Pedro, Presidente Hayes y Alto Paraguay. Contrariando el principio universal de guerra de la “unidad de mando”, el comandante en Jefe procedió a nombrar un comando bicéfalo: un comandante de las fuerzas militares desplegadas para el operativo y otro de las fuerzas policiales, cada uno por su lado. Esta equivocada estrategia derivó en un rotundo fracaso, tanto desde el punto de vista político como operacional, pues el estado de excepción devino una medida absolutamente ineficaz que desacreditó al Congreso y al Presidente de la República, y el nulo resultado dejó malparadas tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas, pese a que para el efecto fueron movilizados nada menos que 1.352 efectivos militares y 2.181 policías.

Así las cosas, con tan pésimos antecedentes en la lucha contra el EPP, el presidente Cartes optó acertadamente por un cambio de estrategia y solicitó al Congreso la modificación de la Ley 1337, a fin de poder emplear a las fuerzas militares en operaciones de combate contra la banda terrorista y contra cualquier otra amenaza a la paz pública, sin necesidad de recurrir al estado de excepción ni de restringir las garantías constitucionales. Como era de esperar, el Congreso dio rápida aprobación al proyecto de ley, que el Presidente de la República promulgó de inmediato. A continuación, dispuso el nombramiento del general de brigada Mario Restituto González, actual comandante de la 4ª División de Infantería, con asiento en Concepción, como único comandante de la Fuerza Pública (militar y policial) destacada en la zona, a más del apoyo de inteligencia y logística de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), dado el comprobado vínculo entre el EPP y los narcotraficantes que operan en la zona.

Curiosamente, mientras la iniciativa presidencial de modificar la ley de marras contó desde el principio con un fuerte apoyo popular, los legisladores pertenecientes a los partidos y movimientos políticos de izquierda, así como las organizaciones afines al “bolivarianismo” chavista, como el Frente Guasu, liderado por el exobispo Fernando Lugo, la Concertación Avanza País, el Partido Encuentro Nacional y el Partido Democrático Progresista, se opusieron tenazmente a la modificación de la ley de referencia, sumándose a ellos la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). Aunque siempre se sospechó que el expresidente Fernando Lugo simpatizaba secretamente con los movimientos sociales que incubaron el EPP, no dejó de sorprender su abierta oposición a la militarización de Tacuatí y otros santuarios del grupo insurgente, con lo que se quitó la máscara que astutamente había utilizado mientras fue presidente: su apoyo –o al menos su simpatía– hacia el grupo terrorista.

Con la actitud de rechazo a la modificación de la Ley de Defensa y Seguridad Interior demostrada en el Congreso por los “bolivarianos” seguidores de Lugo y de sus adláteres, ha quedado al descubierto la doble moral que los caracteriza, pues mientras pegan el grito al cielo porque la ley ahora permite que las Fuerzas Armadas combatan al terrorismo y al crimen organizado que mantienen en zozobra a las poblaciones del norte del país, nunca se han manifestado en contra de la politización ideológica de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, o del Ejército boliviano, por ejemplo, que, al igual que el Ejército Rojo de la ex Unión Soviética, se han autoproclamado “socialistas” y “antiimperialistas”. Tampoco han criticado la desembozada creación de milicias paramilitares, semejantes a los “Camisas Negras” de Mussolini en Italia y los “Camisas Pardas” (SS) de Hitler en la Alemania nazi, con la finalidad de apuntalar a los autoritarios regímenes imperantes en esos países.

La parcialidad de la Codehupy como defensora de los derechos humanos raya en el cinismo. Por una parte, sus dirigentes acostumbran denunciar solo los atropellos a derechos humanos que afectan a sus intereses sectarios o a individuos que comulgan con su ideología extremista, por irrelevantes que sean los mismos, mientras que, por otra, sospechosamente callan graves violaciones contra ciudadanos comunes sin nexos ideológicos con ellos. Así, con frecuencia, el “descuereo” de un cadete de la Academia Militar les resulta más relevante que el asesinato de humildes guardabosques de las reservas protegidas a manos de “carperos” ideológicamente exaltados. De igual forma, ignoraron olímpicamente la reciente masacre de cuatro peones de estancia y un policía en Tacuatí. Sin embargo, no vacilaron en acudir prestamente al sitio para alzar su voz de protesta por la supuesta “militarización” de la zona, cosa que ni por asomo se les había ocurrido hacer cuando el EPP asesinó a esas cinco personas en dicho lugar. “Se ha otorgado un superpoder al Ejecutivo para militarizar todo el territorio nacional”, expresó en la oportunidad Abel Irala, del Servicio de Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py), integrante de la Codehupy. Por su parte, Enrique Gauto, secretario ejecutivo de Codehupy, dijo que la modificación de la Ley de Defensa es inconstitucional, porque desequilibra los poderes del Estado. Hueca retórica que choca con los padecimientos de una comunidad que sufre en carne propia la violación de sus más elementales derechos humanos debido al terror sembrado por el EPP, al que por suerte el gobierno del presidente Horacio Cartes al parecer ha decidido combatir en serio.

En realidad, la esquizofrenia que en estos días se ha apoderado del rejuntado bolivariano del Paraguay con relación a la modificación de la Ley de Defensa Nacional se debe a la frustración política que se ha apoderado de ellos tras las últimas elecciones generales, en las que obtuvieron un magro apoyo popular, cuando creían que, de la mano de Fernando Lugo, la minoría por ellos conformada y financiada por el extinto dictador venezolano Hugo Chávez podía prevalecer contra la amplia mayoría democrática y patriótica del pueblo paraguayo. Tras el fiasco de la presidencia de su líder y el revés electoral que sufrieron, ahora, desde más allá de la metafórica cuneta política, tratan de suplir su orfandad popular con mucho ruido y pocas nueces, pero dejando al descubierto la doble cara que esconden bajo su máscara de supuestos defensores de los derechos humanos.

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