Ciertos dirigentes del Partido Colorado acaban de demostrar, una vez más, que no les importa realmente un pepino lo que la ciudadanía piense de sus candidatos y de su equipo. Es decir, analizan como políticos la situación y llegan a la conclusión de que la pésima imagen que algunos de ellos proyectan no tiene relevancia para la suerte electoral del grupo y de su candidatura.
En otras palabras, que es perfectamente factible que un candidato colorado defraude, robe, trafique, proteja a narcotraficantes, se envuelva en homicidios, cometa actos de corrupción y así aparezca en la prensa, que nada de esto desmejorará su imagen interna ni les restará votos a la hora de las urnas. Aun peor, es posible que, en el ambiente en que estos políticos se mueven, esos actos delictivos, o las sospechas de haberlos cometido, les agregue una pizca de atractivo a sus candidatos ante los ojos de una clientela partidaria que ya está tan corrupta como ellos.
Una muestra clarísima de esta actitud de completa amoralidad electoral es la designación que hizo uno de los grupos en pugna para llegar a la Junta de Gobierno de la ANR –al que ya se está conociendo como “equipo de terror”–, del diputado José María Ibáñez, para la función de “coordinador adjunto”.
Aunque nadie habrá olvidado, es preciso traer a colación que este legislador se halla judicialmente procesado por delitos de estafa, cobro indebido y expedición de certificados falsos, en aquel publicitado caso en que hizo nombrar a tres personas humildes que trabajan en una finca rural de su propiedad en falsa calidad de funcionarios del Poder Legislativo, con altos salarios, a fin de que el erario corriera con los gastos particulares de su familia. Ibáñez cobraba los salarios totales con la tarjeta de los seudofuncionarios, una parte les daba a sus empleados domésticos y el resto iba a rellenar su alcancía.
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Todo esto fue publicado en la prensa, detalle por detalle y letra por letra. Ibáñez fue procesado judicialmente por estos hechos, luego suspendido en su banca por las autoridades de su Cámara, la ciudadanía lo escrachó públicamente por lo deshonesto de su actitud, y él, siempre sonriente ante las cámaras, prosiguió tranquilamente su actividad política como si nada raro hubiese pasado. En síntesis, un desfachatado de tomo y lomo, con la cara mucho más dura de lo que nadie hubiera podido suponer, aun acostumbrados como estamos los habitantes de este país a ver a los desvergonzados encaramados en las palestras públicas.
Pues bien, el señor Ibáñez, como si representara un aporte valioso, fue designado miembro de un grupo electoral que propugna la candidatura del diputado Hugo Velázquez para la presidencia de la ANR. Hay que poder meterse en la mentalidad de esta clase de políticos, hay que intentar comprender qué entienden por valores éticos, hay que tener la vara para medir qué importancia le dan a la opinión pública, y así, tal vez, pueda explicarse cómo es que eligen a las peores personas para una función que supone, cuando menos, poseer la cualidad de una imagen atractiva para el electorado.
La pregunta que esta insólita conducta obliga a formular es, pues: ¿Les afecta, les importa, les preocupa a los electores colorados que sus candidatos, primero, y altos jefes partidarios, después, sean del tipo de gente como José María Ibáñez, Cristina Villalba, Freddy D’Ecclesiis, Jorge Baruja, Óscar Núñez o Carlos Núñez Salinas, por dar algunos nombres?
Es cierto que ninguno de ellos ha sido condenado por la justicia, pero están tan cuestionados, algunos nada menos que en la propia Cámara de Senadores, que un partido que pretende ofrecer una buena imagen pública debería excluirlos por lo menos hasta que se aclaren sus respectivas situaciones.
“Nosotros no vamos a ser jueces de ellos” fue la ridícula explicación que Clemente Barrios, un miembro del equipo que incorporó a Ibáñez, dio a los cuestionamientos que se le hicieron. Por supuesto que nadie les pide que se erijan en jueces de sus correligionarios –además de que carecen absolutamente de las virtudes esenciales para ejercer esa función–, sino de que tengan el decoro de recordar la condición de procesados por hechos ilícitos de esas personas, así como las profundas dudas existentes acerca de su moralidad personal, y los mantengan apartados de la exposición pública que toda campaña electoral supone.
Se diría que el Partido Colorado ya no puede dar un paso político sin recurrir a la escoria moral de su lista de afiliados. ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Qué les pasó a sus dirigentes decentes? ¿Es que, actualmente, hay que estar entre los peores, o estar apadrinado por ellos, para triunfar electoralmente en el seno de la ANR?
Estas son las gravísimas cuestiones que los jóvenes colorados tienen ante sí. Veremos cómo las res- ponden, pues de eso dependerá su futuro y el de su partido.