Una importante contribución al debate de los grandes temas de la agenda nacional representa el documento denominado “A los tres Poderes del Estado y al Ministerio Público”, entregado el pasado martes por la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) a las principales autoridades del país.
Reflexionar y plantear propuestas superadoras es algo crucial para el desarrollo de una nación, sobre todo en la línea en que lo menciona el reconocido sociólogo francés Alain Touraine, al señalar que “una sociedad que no se piensa no puede más que sumirse en la decadencia, lentamente o brutalmente”.
La Iglesia paraguaya diagnostica acertadamente que “entre las causas que en mayor medida concurren a determinar el subdesarrollo y la pobreza de los países se encuentran el analfabetismo, las dificultades alimenticias, la ausencia de estructuras y servicios, la carencia de asistencia básica en el campo de la salud, la corrupción, la precariedad de las instituciones y de la misma vida política”.
Posteriormente, efectúa una serie de propuestas a los tres Poderes del Estado, responsable cada uno, desde su propio radio de acción, de impulsar las políticas públicas que deben propender al bienestar de la población, crear las leyes justas que propiciarán una convivencia armónica, y hacer cumplir el ordenamiento jurídico del país para evitar que la corrupción y la impunidad se enseñoreen del país.
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Al Poder Ejecutivo se le insta, por ejemplo, a poner énfasis en la solución del problema relacionado con la reforma agraria, asumiendo definitivamente el desafío de crear un catastro fiable, y poder contar así con el marco legal indispensable para garantizar la “incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación”, particularmente a través de la formación técnica del agricultor y la transferencia de recursos con criterio de transparencia y no solo “con fines de asistencialismo”.
En lo que respecta a los planteamientos formulados al Poder Legislativo, resalta el urgimiento a dar pasos determinados para obtener la abolición de las oprobiosas “listas sábana”, que tanto perjuicio produjeron en estos años de apertura política a la calidad de nuestra democracia.
Los que se benefician de las “listas sábana”, bien lo sabemos, son los piratas de la política. Los mediocres que temen someterse al veredicto del pueblo, los que nunca se preocuparon en capacitarse porque, al fin de cuentas, para caerles en gracia a los caciques de turno del partido no hace falta ser ilustrado, sino que alcanza con tener el espinazo lo suficientemente flexible para cumplir con sus instrucciones al pie de la letra, convirtiéndose en cómplices de todas sus trampas y contubernios.
Consideramos, pues, fundamental el llamado de los obispos a la población: “Ante la finalización del mandato constitucional y la proximidad de las elecciones generales, este tiempo debe servir a la ciudadanía en general para verificar la calidad personal y funcional de los senadores y diputados ante la posible reelección de los mismos para un siguiente período constitucional”.
Finalmente, la CEP expresa su preocupación por los índices de corrupción e impunidad que afectan la credibilidad del sistema de justicia, instando por un lado a los miembros de la Corte Suprema a “mostrar a la ciudadanía que están comprometidos a cumplir con su competencia constitucional o, en caso contrario, someterse voluntariamente al juicio de responsabilidades”, y reclamándoles, por otro, la firme actuación de los mismos ante los “jueces corruptos”.
Desde luego, si se toman en consideración estos sensatos planteamientos, estamos convencidos de que nuestro país logrará dar un salto cualitativo en lo que respecta a la profundización de su sistema democrático. No obstante, para que ello pueda concretarse, es menester que la clase política tome plena conciencia de las graves responsabilidades que tiene de cara a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.
Los graves problemas que aquejan al país, fundamentalmente la superación de la pobreza, la consecución del desarrollo económico y social, y la consolidación de sus instituciones, constituyen desafíos mayúsculos; de allí que sea más que oportuno el llamado de los obispos del Paraguay a “contar con un amplio consenso social y político para lograr una agenda que ofrezca soluciones” efectivas que permitan evitar situaciones de violencia, inseguridad y criminalidad.
Es de esperar que los responsables de los tres Poderes del Estado y los políticos en general lean atentamente el documento elaborado por la CEP. El tiempo electoral que se avecina lo convierte en un instrumento de vital importancia para que aquellos que están interesados a postularse a puestos de relevancia en la vida pública del país analicen los desafíos que allí se plantean y, sobre todo, se involucren –con propuestas concretas– en la solución de los grandes problemas que guardan relación con el futuro del Paraguay.