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En los últimos años, la educación terciaria se ha deteriorado tanto que los títulos académicos hoy no garantizan en absoluto que muchos de los egresados posean los conocimientos suficientes para ejercer una profesión con cierta idoneidad. A ello ha contribuido, sin duda, la masificación del estudiantado, que no fue acompañada por la correlativa expansión de un cuadro docente capacitado ni por una ampliación de la infraestructura educativa. Lo que ocurrió fue que se crearon universidades con toda irresponsabilidad, muchas veces mediante la connivencia entre legisladores y grupos interesados en el lucro antes que en la calidad de la enseñanza. Surgieron no solo universidades nacionales plagadas de irregularidades administrativas y académicas, como las de Pilar, Villarrica y Concepción, sino también, y sobre todo, numerosas universidades privadas, que resultaron ser poco menos que centros de compraventa de diplomas para desmerecer luego algún oficio, engrosar el currículum vitae o recibir un pago adicional por grado en una entidad pública.
El descalabro fue impulsado por la Ley 2529/06, que permitió la creación legislativa de una serie de supuestos centros de educación superior, aun contra el dictamen del Consejo Superior Universitario. Se recordará que el famoso Instituto Superior Santa Librada expedía títulos de licenciatura en enfermería en 48 horas, a cambio de 6.800.000 guaraníes.
La historia se ha venido repitiendo en buena medida con los cursos de maestría y de doctorado en Ciencias de la Educación, Salud Pública o Gestión Ambiental, impartidos durante dos años para estudiantes extranjeros, solo en enero y en julio, por profesores también extranjeros y según un programa elaborado por ellos. Ahora mismo se prepara la llegada de unos 1.500 estudiantes brasileños y angoleños que están aprovechando la oferta de agencias como el Centro de Estudios Académicos, Posgrados y Expansión (Ceape) del Brasil: los visitantes compran un paquete que incluye los pasajes, el hospedaje y el costo del diploma obtenido. Las universidades privadas locales se limitan a brindar sus instalaciones y a expedir el título, a cambio de una suma de dinero que cobran a la agencia en cuestión. Llamativamente, los estudiantes paraguayos están excluidos, de modo que resultan discriminados en su propia tierra.
Hasta ahora no se conoce la nómina de las universidades donde se dictarán los cursos de posgrado para los angoleños y los brasileños, pero el año pasado recalaron en varias instituciones, como la Universidad de Desarrollo Sustentable (UDS), la Universidad de Integración de las Américas (Unida), la Universidad Metropolitana de Asunción (UMA), la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), la Universidad Americana, la Universidad Iberoamericana y la Universidad San Lorenzo (Unisal).
Las autoridades educativas no interfieren en el negocio, pese a que la Ley 4995/13 dice que “Los programas de posgrado deberán tener una carga horaria mínima en concordancia con las disposiciones y regulaciones vigentes” (art. 64), que “Los títulos otorgados por instituciones de Educación Superior deben estar necesariamente registrados en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC)” (art. 73) y que “El reconocimiento oficial de los títulos que expidan las instituciones de Educación Superior será otorgado por el MEC mediante el registro del título, previo cumplimiento de las normas legales vigentes en la materia en el orden administrativo” (art. 73). Por lo demás, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) tiene desde 2009 una guía para evaluar y acreditar carreras de posgrado. Y bien, cabe preguntar si el Consejo Nacional de Educación Superior ha verificado alguna vez si estos programas de posgrado tienen la carga horaria mínima requerida, si los títulos expedidos están registrados en el MEC y reconocidos por él, y si algunas de las universidades privadas han solicitado a la Aneaes la acreditación de sus carreras de posgrado. Si las respuestas a estas preguntas fueran negativas, habría que concluir que estamos ante algo parecido a una estafa intelectual masiva.
La ley citada rige para todos los títulos académicos emitidos en el Paraguay, sin que de su vigencia se excluyan los logrados por extranjeros que ingresan al país con visa de turista para asistir a cursos impartidos por supuestos profesores, también extranjeros, que nos visitan en igual carácter. Sería muy ingenuo suponer que los brasileños y angoleños han sido atraídos por la excelencia de la educación universitaria paraguaya. Lo que les ha motivado es justamente el hecho de que aquí les resulta sumamente fácil convertirse en másteres o en doctores, porque a las autoridades de control les importan un bledo la calidad de la enseñanza y el prestigio educativo. Se hacen las desentendidas como si el negocio en cuestión no afectara el buen nombre del país. Los egresados volverán a sus casas y serán sus compatriotas los que sufrirán las consecuencias. Lo grave de lo que está ocurriendo, en última instancia, es que universidades privadas del Paraguay participan en un fraude internacional. Así, se está atentando no solo contra la ciencia, sino también contra el fisco y la población del Brasil y de Angola.
Es hora de que el MEC y el Consejo Nacional de Educación Superior dejen de hacer la vista gorda ante la farsa comentada, que convierte al país en una vulgar fábrica de diplomas falsos a cambio de un pago negociado con agencias intermediarias en el extranjero.