CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). El conflicto judicial por la administración de la Terminal Municipal de Ómnibus comenzó cuando el intendente, Miguel Prieto (Independiente) firmó una resolución de fecha 18 de julio del año 2019 mediante la cual dispuso la recuperación de la administración del sitio. Desde 1990 está a cargo de Itá Paraná, representada por Benigno Villasanti Kulman, favorecido por la cercanía del empresario con el clan Zacarías.
El contrato de concesión fue renovado en el año 2013, durante la gestión comunal de Sandra McLeod (colorada cartista), quien fue destituida del cargo por graves denuncias de corrupción.
Para recuperar la administración de la terminal, el intendente Prieto alegó incumplimiento del contrato de concesión del 2013 en cuanto a condiciones de salubridad e higiene, que se hizo constar en un informe del Departamento de Salubridad e Higiene de la Municipalidad.
El abogado Diego Bertolucci, uno de los asesores legales de Itá Paraná, cuestionó que el intendente Prieto haya tomado la administración de la Terminal Municipal de Ómnibus sin tener en cuenta las formas rescisión del contrato estipuladas en la cláusula 23 del convenio. Está establecido que primero las partes deben tratar de conciliar y, si no hubiera posibilidad de acuerdo, el segundo paso es recurrir a un arbitraje.
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“Sin embargo, el señor intendente pisó el contrato, saltó por encima de la ley y tomó por la fuerza la administración (de la terminal del ómnibus) acompañado de una turba rentada. Sorprendió a propios y extraños, rompió puertas, cometió abuso de poder y de propiedad privada porque, por si bien está en un terreno municipal, allí están oficinas privadas”, expresó el letrado Bertolucci.
La firma Itá Paraná y el intendente Prieto recurrieron a recursos de amparo. La empresa para recuperar la administración y el segundo para mantenerla luego de tomarla a la fuerza.
La jueza penal de garantías de Ciudad del Este, Teresita Cazal, rechazó el amparo promovido por Prieto. En contrapartida, la magistrada Nélida Alvarenga dio lugar a la acción de Ita Paraná SA y ordenó la devolución de la administración a la empresa.
Igualmente, la jueza Natalia Moreno Tottil rechazó la demanda de la Municipalidad con la intención de rescindir el contrato de concesión otorgado a Itá Paraná SA. La magistrada se declaró incompentente, ya que se establece que la conciliación y el arbitraje son los medios para solucionar los conflictos en la concesión.
Hasta la fecha no se cumplió el recurso de amparo que favorece a Itá Paraná y los representante de la firma responsabilizan a la Policía Nacional. Cuando la comitiva de abogados y el oficial de justicia concurrieron a la terminal para ejecutar la orden judicial fueron recibidos por seguidores de Prieto que agredieron físicamente a dos abogados.
El grupo estaba encabezado por Prieto, quien dijo que no iba acatar la orden judicial. “Parece que este señor, habiendo estudiado derecho, cree que su capricho es ley. Acá se declaró tierra de nadie y un terreno abierto al delito impune del intendente y su gavilla”, dijo Bertolucci.
Presentaron denuncia penal
Los representantes de la empresa Itá Paraná SA denunciaron penalmente al intendente Miguel Prieto y sus asesores en el Ministerio Público luego del “atropello” que cometieron en contra de la firma. Anunciaron que presentarán queja en contra de los abogados Ricardo Romero Fatecha y Nidia Silvero de Prieto ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por mala praxis en el ejercicio de la profesión. Silvero de Prieto es docente en la Universidad Nacional del Este (UNE), donde también sería denunciada por Itá Paraná. La misma había tratado de ignorante a sus colegas durante los procedimientos, pero ella misma pasó por alto las formas de rescisión establecidas en el contrato, indicó el abogado Diego Bertolucci.