CIUDAD DEL ESTE. (De nuestra redacción regional). La Municipalidad de esta capital departamental retomó el 19 de julio pasado la administración de la terminal de ómnibus local mediante una medida de urgencia del intendente Miguel Prieto (independiente). La estación fue concesionada por la exjefa comunal, Sandra McLeod de Zacarías (colorada cartista), a la empresa Itá Paraná, representada por Benigno Villasanti Kulman, hasta el año 2023.
La decisión de Prieto se dio luego por incumplimiento de las obligaciones de la firma, establecidas en el contrato suscripto el 30 de abril de 2013.
Tras la medida, la empresa Itá Paraná inició un juicio de amparo para recuperar la terminal. El pedido pasó por varios juzgados debido a una inhibición en cadena.
La Comuna también está pendiente de la resolución del proceso judicial que inició para conseguir la anulación del contrato. El trámite se encuentra en el tribunal de apelaciones.
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A la disputa judicial por la administración ahora se suma el conflicto por el destino que debe darse a la recaudación.
El intendente Miguel Prieto acudió el martes pasado a la sesión de la Junta Municipal y mediante una nota solicitó que la recaudación sea incluida al presupuesto de la Comuna para luego destinarla al Consejo Local de Salud.
El pedido fue enviado a las comisiones de Legislación y de Hacienda y Presupuesto para que dictaminen al respecto.
El abogado Víctor Ferreira, uno de los asesores de Itá Paraná, afirmó que no corresponde destinar ese dinero al presupuesto porque su recaudación no está establecida como recurso público. “No pueden determinar el uso de dinero que le corresponde a Itá Paraná. Estaríamos ante el delito de exacción”, aseguró el representante de la firma.
Expediente vuelve a jueza Panza
Un tribunal de apelaciones resolvió que el expediente del caso terminal de ómnibus pase nuevamente a la jueza laboral Graciela Panza. La magistrada deberá dictar una resolución para dar cumplimiento a lo resuelto por su colega Nélida Alvarenga, que dio lugar al recurso en el cual la administración de la terminal debe ser devuelta a Itá Paraná. La magistrada Panza había solicitado apartarse del caso por diversas cuestiones, pero la inhibición fue impugnada por los jueces penales.