HUMAITÁ, Dpto. de Ñeembucú (Miguel Ángel Rodríguez, corresponsal). La gestora cultural Vicenta Miranda Ojeda señaló que preocupa a toda la población de esta localidad el estado de abandono de los restos del templo de San Carlos Borromeo, inaugurado el 1 de enero de 1861 por don Carlos Antonio López. La iglesia fue bombardeada durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).
Miranda indicó que a simple vista se puede observar cómo las malezas sobresalen entre los restos de las paredes de la antigua infraestructura. De no tomarse medidas inmediatas para revertir la situación, podría haber daños irreparables, expresó.
Comentó que el mejoramiento está a cargo de la Secretaría de Cultura (SNC) que debe cumplir con una serie de protocolos. En febrero pasado se presentó la preocupación y solicitud a la cartera de Estado para que se realice la eliminación de las malezas que están destruyendo el patrimonio cultural, expresó Miranda Ojeda.
Añadió que existe el compromiso de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) de enviar una cuadrilla para la limpieza. Señaló que, según la promesa, los trabajos se estarían iniciando el 14 octubre y culminarían el 20 de octubre próximo. “Es urgente que se haga el trabajo. No se puede permitir que este patrimonio cultural se encuentre en estado de abandono. El sitio nos recuerda el heroísmo de nuestra raza”, puntualizó.
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Patrimonio cultural
Las Ruinas de Humaitá fueron declaradas “Bien del patrimonio cultural nacional” por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), el 24 de julio de 2018.
A través de la Resolución Nº 293/18 se declaró “Bien del Patrimonio Cultural Nacional” al sitio en el que se encuentra la histórica ex iglesia San Carlos Borromeo, como conjunto de valor patrimonial y arqueológico, bajo la máxima categoría.
Se trata de la misma categoría que tiene el Palacio de López, el Panteón de los Héroes y la Casa de la Independencia, de acuerdo a los datos.
Según la disposición, si alguien osa afectar el patrimonio se expone a dos situaciones muy graves. Hasta 2000 jornales de multa y entre 3 y 10 años de cárcel.
