SAN ANTONIO (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). El miércoles 6 de noviembre, el imputado intendente municipal de esta ciudad, Raúl Isaac Mendoza Ramos (liberal llanista), vetó totalmente la resolución número 132/19 de la Junta Municipal, mediante la cual se rechaza el pliego de bases y condiciones y el llamado a licitación pública nacional para la tercerización de la recolección y transporte de residuos sólidos generados en la ciudad. También el leonino contrato que proyecta firmar el jefe comunal con la empresa adjudicada.
El jefe comunal tenía 15 días para promulgar o vetar dicha resolución y justo a un día del vencimiento del tiempo límite presentó el veto total, vía mensaje. La corporación legislativa tenía 30 días para expedirse sobre el veto.
En la sesión ordinaria de la Junta Municipal de esta ciudad realizada el miércoles 27 de noviembre, sorpresivamente, la concejala liberal Lourdes Espínola (pareja del intendente Raúl Isaac Mendoza) presentó un dictamen para aceptar el veto del intendente y aprobar la tercerización del servicio de recolección con un leonino contrato.
Tuvo apoyo de Lina Coronel, Idalino Mendoza (hermano del administrador Inocencio Mendoza) y Víctor de la Cruz (esposo de la presidenta de comisiones Mariliz González).
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El presidente de la Junta Municipal, Manuel Gómez, (Colorado añetete), hasta hace un mes acérrimo crítico de Mendoza, maniobró secretamente para acompañar a los cinco concejales serviles a Mendoza y aprobar los proyectos del jefe comunal, que atentan contra los intereses de administración comunal y la ciudadanía.
Pero, la mayoría de siete logró posponer el tratamiento hasta el miércoles 4 de diciembre.
El dictamen de los leales de Mendoza fue presentado minutos antes del inicio de la sesión y con la anuencia del presidente del deliberativo comunal, Manuel Gómez. Ignoraron el reglamento interno de la corporación legislativa comunal, que establece que se debe presentar 24 horas antes de la plenaria.
Ese punto fue argumentado por la mayoría para posponer el tratamiento hasta el 4 de diciembre.
Llamativamente, Gómez se abstuvo de votar por la suspensión del tratamiento, al igual que el concejal liberal Édgar Arias (sobrino del intendente Mendoza).
El titular de la corporación legislativa los martes de tarde acostumbra enviar copia del orden del día a los ediles, pero esta semana no lo hizo, presumiblemente para evitar que la prensa se entere del plan para aprobar el presunto negociado. Con el llamativo cambio de postura de Gómez, el levantamiento del veto del ejecutivo se hace imposible. Se necesitan ocho votos de los doce posibles y ahora solo seis ediles están en contra de la tercerización del servicio de recolección y la firma del injusto contrato.
El intendente recurrió como siempre al veto para concretar sus objetivos. En ocasiones anteriores, aprovechó este método para la aprobación del presupuesto comunal y en otras de su rendición de cuentas.