“También teníamos que cubrir la demanda de combustibles utilizados en la oportunidad, y al no existir una figura legal para cubrir estos gastos no tuvimos otra opción que utilizar el llamado de trabajos de cortafuego”, expresó el jefe departamental. Es decir, la administración departamental simuló una adjudicación para justificar en papeles el destino de los G. 680 millones.

Sin embargo, ayer el jefe departamental indicó que en el llamado a licitación publicado en el portal web de la DNCP no se especifica si las obras se realizaron en la zona de Agua Dulce. Aseguró que tiene documentos de respaldo y la planilla de trabajo hecho durante la emergencia.

Como en un intento de desviar la atención del tema central, culpó a los ganaderos de Agua Dulce –quienes denunciaron la grave irregularidad– de ser los principales responsables de los incendios forestales al quemar sus pasturas y no poder controlar después la expansión del fuego.