Torales afirmó que las tres instituciones mencionadas se aliaron para implementar una serie de medidas extorsivas y cobrar sumas de dinero a los paseros y lancheros que trabajan en la zona. “Esta situación afecta todas las venas económicas de nuestra comunidad porque empieza a generar el encarecimiento de la canasta familiar, del transporte de las mercadería desde la capital del país. Además afecta a los paseros y lancheros que viven de la actividad”, indicó.

Comentó que el 30 de noviembre del año pasado el intendente Federico Centurión (ANR cartista) realizó una reunión en la Municipalidad con presencia de la Policía Nacional, la Prefectura Naval, lancheros y paseros informales. Sin embargo, el jefe comunal no permitió el ingreso con teléfonos celulares para evitar la grabación de la reunión.

Intentamos obtener la versión del intendente Centurión sobre el delicado tema, pero no contestó nuestras llamadas.