VILLARRICA (Carlos Ávalos, corresponsal). Recolectora Ecológica SA es propiedad del intendente de Luque, Carlos Echeverría Estigarribia (ANR) y administrada por su hermano Christian Echeverría Estigarribia, actualmente imputado por procesamiento ilícito de residuos.
Pobladores de diferentes barrios de esta capital guaireña se quejan diariamente del amontonamiento de basuras en las veredas y costados de calles vecinales debido a un conflicto que mantienen la empresa recolectora Vimax SA, representada por Ángel Villalba, y Recolectora Ecológica. Existen desavenencias económicas porque esta última aumentó el monto por recibir desechos y la primera rechaza la medida.
Como método para presionar, Recolectora Ecológica impide que los camiones con desechos de la firma Vimax ingresen al vertedero municipal para la disposición final.
La Municipalidad, administrada por el intendente Gustavo Navarro (ANR), no hace nada para tratar de recuperar el vertedero municipal y para hacer que funcione en forma. Mientras tanto, los usuarios se ven obligados a soportar malos olores de las basuras amontonadas y la proliferación de insectos.
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Intentamos conversar al respecto con Navarro, pero no atendió nuestras reiteradas llamadas telefónicas y en su oficina nos indicaron que no se encontraba.
El representante de Vimax SA, Ángel Villalba, indicó que posterior a un acuerdo con los Echeverría, están realizando los trabajos de recolección normalmente, pero que por la gran cantidad de basura que se juntó por muchos días, aún no se nota el efecto de las tareas. Garantizó que los trabajos se normalizarán en los siguientes días.
La desavenencia económica obedece a que hubo cambios necesarios en el monto pagado por la disposición final de residuos, dijo. Explicó que al principio Vimax pagaba G. 80 millones mensual a Recolectora Ecológica en base a un acuerdo entre las empresas. Luego la Comuna redujo la tarifa por la recolección: de 35.000 y 30.000 bajó a G. 30.000 y 20.000, entonces la suma por disposición final pasó a costar G. 60 millones y en los últimos meses G. 40 millones.
El 18 de diciembre del 2019 el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y de la Fiscalía del Medio Ambiente intervinieron el vertedero por denuncias de manejo irregular de desechos. El procedimiento derivó en la imputación de Christian Echeverría Estigarribia por procesamiento ilícito de desechos por el fiscal Erico Ávalos.
El fiscal dijo que constató incumplimiento de medidas de mitigación aprobadas en la licencia ambiental expedida por el Mades y además ingresan basuras de otros distritos, pese a la vigencia de una ordenanza municipal que prohibe tal medida.
Ávalos dijo que el procesamiento de basura se realiza sin clasificación. Se mezclan chatarras, autopartes, cubiertas usadas, residuos hospitalarios, entre otros. Son amontonados en un solo lugar afectando una superficie de aproximadamente seis hectáreas, explicó.
Comentó que el vertedero tampoco tiene pileta de confinamiento del lixiviado.
Tras la intervención Recolectora Ecológica SA llegó a un acuerdo con Vimax. Esta firma lleva a cabo trabajos limpieza y mejoras con máquinas pesadas, a cambio de que Recolectora Ecológica deje ingresar los camiones recolectores.
Según los datos, la Secretaría del Ambiente (actualmente Mades) inhabilitó el vertedero en el 2011 e imputó por procesamiento ilícito de desechos al entonces intendente Darío Ortellado (ANR). Para resolver el problema, Recolectora Ecológica SA “acondicionó” el relleno sanitario de la Comuna y pagó US$ 1.200.000 (unos G. 6.756 millones al cambio actual) y a cambio, en el 2013, la Municipalidad le concesionó la administración del vertedero por 15 años, es decir, vence en el año 2028.
En el convenio no se estipula la tasa que se debe pagar por la disposición final de basuras, por lo que la empresa maneja arbitrariamente el negocio.