SALTO DEL GUAIRÁ (Rosendo Duarte, corresponsal). La Contraloría General de la República (CGR) realizó a fines del año pasado varias observaciones a la municipalidad, administrada por el intendente César Haitter (PDP), sobre la violación del artículo cuarto de la 5404/15 “De compensación a los municipios del Departamento de Canindeyú por la desaparición de los Saltos del Guairá”. La legislación establece que los fondos solo pueden ser utilizados en obras públicas, turismo, salud y educación.
Sin embargo, la municipalidad utilizó más de G. 2.632 millones de los recursos de dicha Ley de Resarcimiento, en la construcción o refacción de 18 iglesias de distintas clases, en los años 2016 y 2017, según el informe de Dirección General de Control de Contrataciones Públicas de la CGR.
El mal uso de los fondos hizo que el ente de control solicitara al Ministerio de Hacienda suspender las transferencias de recursos no solo en concepto de resarcimiento por los desaparecidos saltos, sino que de royalties, del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de juegos de azar, unos G. 60.000 millones anuales.
Curiosamente, la CGR cambió de postura tras recibir los mismos documentos que la institución municipal había entregado para tratar de evitar la sanción en primera instancia y la presentación de un simple “Plan de Mejoramiento”.
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El ente de control aceptó las explicaciones y compromisos asumidos. En consecuencia habilitó que el intendente Haitter siga recibiendo dinero del Estado.
La administradora de la Municipalidad, Karine Arce, confirmó que todos los recursos previstos en el programa de transferencia para el año 2019 fueron efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda tras levantarse la sanción. Indicó que unos G. 17.000 millones que corresponden al tercer y cuarto trimestre, del resarcimiento, no los recibieron, pero por falta de fondos de la secretaría de Estado. Esperan el desembolso en los próximos días, dijo.
Hecho grave que no tuvo sanción
La Contraloría General de la República (CGR) en un dictamen de auditoría del ejercicio fiscal 2016 detectó un faltante de más de G. 30.000 millones de los recursos de la Municipalidad, pero llamativamente no estableció sanción de carácter pecuniario o de suspensión de fondos contra la institución. El “agujero” incluso fue denunciado en la fiscalía como “indicios claros de hechos punibles contra el patrimonio”, pero no tuvo consecuencia alguna.