MAYOR OTAÑO, Itapúa (Juan Augusto Roa, de nuestra redacción regional). El cura párroco local, padre Isidoro Cabral Masqueda, fue imputado por el fiscal Walter Castro por supuesto abuso sexual en dos niñas de 12 y 11 años de edad. El juez penal de garantías, Hugo Centurión, ordenó su prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso).
El fiscal Castro indicó que luego de los procedimientos de rigor público imputó al cura y pidió su prisión preventiva.
Lo llamativo del caso es que la denuncia inicialmente fue presentada por el supuesto hecho de “acoso sexual” y luego la figura fue cambiada por los propios denunciantes como “abuso sexual”. Esta fue la que finalmente aplicó el juez en el momento de la calificación de la causa y decidir su remisión al Cereso.
La denuncia fue presentada el 10 de octubre pasado y la imputación fiscal fue en el mes de noviembre. El 18 de febrero se cumplió la audiencia en el Juzgado Penal de Garantías, prevista en el artículo 242 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
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Mediante auto interlocutorio número 103 del 19 de febrero de 2020 el juez penal de garantías de la ciudad de Tomás Romero Pereira, Hugo Centurión, calificó la conducta del religioso en base al artículo 135 del Código Penal, que prevé la figura abuso sexual en niños. Con base en la misma normativa ordenó su prisión preventiva.
El próximo miércoles deberá comparecer ante la fiscalía para su declaración indagatoria. De acuerdo a lo señalado por el fiscal del caso, Walter Castro, para marzo está previsto el procedimiento de cámara Gesell para ambas niñas.
Posible presión política
La orden de detención del párroco causó sorpresa en la comunidad pastoral de Mayor Otaño. “Estamos analizando con las pastorales parroquiales esta situación y vamos a expedirnos ante la opinión pública”, señaló el coordinador de pastorales parroquiales de este distrito, Éver Cubas.
Según refirió, resulta llamativa la calificación de abuso sexual en contra del religioso y que hayan ordenado su prisión. No descartó presiones políticas del entorno del intendente de la Municipalidad local, Pedro Chávez (ANR), investigado por denuncias de corrupción y amenazas graves en contra de un líder estudiantil.
“Este religioso estaba molestando a los que están en el poder en la comunidad, y no se descarta que desde ese lado venga la presión”, señaló Cubas.
Comentó que el año pasado el sacerdote había denunciado formalmente ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la opinión pública la destrucción de recursos naturales en el parque nacional Yacuí. Eso molestó a algunas personas que tienen intereses en ese lugar, dijo.
Señaló también que a mediados de octubre pasado el sacerdote había participado de un acto religioso, la celebración de la palabra, en apoyo a un grupo de estudiantes que mantiene una protesta frente a la Municipalidad de Mayor Otaño, por cuestionamientos a la gestión del intendente Chávez.
Casualmente, después de esa celebración apareció la denuncia de dos niñas que hicieron la primera comunión, quienes dijeron haberse sentido acosadas por el sacerdote porque este las había abrazado frente a sus compañeros en dicha ocasión, y que eso les provocó incomodidad, señaló Cubas.
El activista dijo que analizarán la situación y se pronunciarán como organización que nuclea a las pastorales parroquiales.
Intentamos escuchar la versión de Chávez al respecto, pero no atendió nuestras llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al tema.