LUQUE (Gladys Villalba Jara, corresponsal). El cuestionado balance administrativo del intendente Carlos Echeverría Estigarribia (ANR) fue aprobado con votos de los colorados Christian Valdez, Eliseo Fernández, Rubén González Chaves, Teodoro Valdez, Diego Romero y Juan Ángel Marecos, cuyo voto vale doble por ser presidente de la Junta municipal. Votaron en contra los liberales Francisca Franco, Belén Maldonado, Manuel Achucarro Gill, Jorge Acosta, Cristhian Bernal y Félix López Saguier.
Romero calificó de falacias las observaciones de la bancada opositora para recomendar el rechazo del balance de gestión correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.
El dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por Manuel Achucarro Gill (PLRA), recomendó el rechazo. En el argumento menciona que el 10 de diciembre del año 2018 la Junta Municipal autorizó a la Intendencia acceder a una línea de crédito de “corto plazo” por G. 5.000 millones con un banco privado para pago de salario del personal.
El préstamo debió ser cancelado el 31 de diciembre de ese mismo año, tal como lo dice la Ley Orgánica Municipal 3996 en su artículo 196 con relación a financiamiento temporal de caja.
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Sin embargo, la administración del jefe comunal Carlos Echeverría utilizó esta autorización de endeudamiento para incurrir en un sobregiro de G. 6.589 millones, de los cuales pagó solamente G. 2.741 millones al 31 de diciembre de 2019, es decir, un año después de lo estipulado por la ley y cuando ya había vencido la autorización que la Junta Municipal otorgada en 2018 para otro tipo de crédito.
Quedó un saldo de G. 3.847 millones que fue cancelado este año con recursos propios de la Municipalidad correspondiente a los meses de enero, febrero y de la primera quincena de marzo. El ejecutivo comunal trasladó irregularmente el monto al balance 2019 como pasivo corriente (deuda), según el análisis de la Comisión de Hacienda.
Otro hecho llamativo que cuestionó la bancada liberal es que según el informe del último cuatrimestre del año 2019 el rubro gasto de personal (salarios) asciende a G. 32.500 millones, pero en el balance final del ejercicio fiscal de ese año y en el mismo rubro el movimiento fue de G. 38.200 millones, es decir, existe una diferencia de G. 5.600 millones.
Los ediles opositores indicaron que en la Junta Municipal desconocen a qué destinó el intendente los G. 5.600 millones, ya que no fue justificado en la ejecución presupuestaria.
La cifra se aproxima al sobregiro de G. 6.500 millones generado de forma ilegal en el 2018, indica el informe de la comisión que recomienda el rechazo del balance de gestión.
“El sobregiro es un producto más”
La directora de Finanzas de la Municipalidad de Luque, Liz Parra, dijo recordar que la Intendencia solicitó una línea de crédito en diciembre de 2018 y también señaló que no conoce la ley que prohíbe el sobregiro para las municipalidades. “Cuando hablamos de línea de crédito esto se puede entender por préstamos o sobregiros porque la línea de sobregiros es un producto más que el banco ofrece a las instituciones. Yo tampoco sé en qué artículo, en qué ley se basan ellos (los concejales liberales) para decir que las instituciones públicas no pueden operar con los sobregiros bancarios”, dijo Parra. Insistió en que “los sobregiros bancarios son un producto más, como un préstamo normal”.