/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/EIHX4HBRLBGTLLTVS2XF73MP2I.jpg)
Cargando...
BORJA, Guairá (Pablo Gastón Ortiz, corresponsal). Pobladores que pidieron el anonimato por temor a represalias acercaron a esta corresponsalía documentos sobre obras que el ahora exintendente Óscar Silvera (ANR) adjudicó a favor de la “Constructora Pablito”. Silvera busca su reelección.
Esta empresa es propiedad de Olga Esther Mereles Brizuela, esposa de Óscar Waldir Gutiérrez López, un operador político del gobernador de Guairá, Rodolfo Friedmann Alfaro.
Gutiérrez López estuvo envuelto en supuestos desembolsos irregulares con su factura.
Olga Mereles es funcionaria del Ministerio Público de Villarrica y está en la unidad penal N° 2, a cargo del fiscal Bernardo Elizaur.
Precisamente, este fiscal está investigando al exjefe comunal de Borja por supuestos desvíos de fondos de los recursos de royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
En junio de 2014 y a pesar de que la mujer es funcionaria pública, el entonces intendente le adjudicó G. 164 millones para el arreglo de caminos vecinales, según los documentos.
Igualmente, existe una factura de 2012, perteneciente a Gutiérrez López, por unos G. 9 millones por el mismo concepto.
Los denunciantes afirman que las obras no se realizaron y sospechan de la existencia de otras contrataciones irregulares a favor de “Cachito” Gutiérrez para blanquear las operaciones del exintendente Silvera.
El domicilio de la supuesta empresa es la casa de Gutiérrez, pero en el lugar no hay indicios de que se dedica al rubro de la construcción, como maquinaria, herramientas, vehículos o materiales para obras.
Venta de facturas
Según versiones, el operador político se dedicaría a vender facturas a los intendentes colorados y otros políticos para justificar desembolsos de dinero, como el caso de Borja.
Anteriormente utilizaba su factura, pero se vio envuelto en un caso de falsificación de firmas para el cobro de G. 72 millones de la Gobernación de Guairá para obras gestionadas por el concejal departamental José Faría (PLRA).
Este edil admitió ante la justicia que falsificó la firma de Gutiérrez para conseguir el dinero, pero públicamente lo negó y aseguró que solo confesó para que se archive el caso.
En el 2012, “Cachito” Gutiérrez fue contratado como inscriptor de la Justicia Electoral, pero no cumplió dicha función, según informaron desde esa institución.
Acudimos a su domicilio para conocer su versión, pero como se encontraba en una reunión política con dirigentes de la ANR, nos pidió que pasemos a la tarde.
Luego de unas horas se excusó asegurando que tenía una cita médica. Días después intentamos contactar vía telefónica, pero no atendió las llamadas.