TOBATÍ, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). El abogado Eloy Franco, representante de la Inmobiliaria Idesa, explicó que en octubre de 2010 un grupo de “sintierras” invadió la propiedad perteneciente a la firma, que está ubicada en la compañía 21 de Julio del barrio Punta del Este. Ingresaron con la versión de que se trata de un campo comunal.
Los invasores ya llegarían a 600 y varios poseen propiedades en esta misma localidad. Integran la Coordinadora de Asentamientos de Cordillera, afiliada a la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC). Es dirigida por Victorino Núñez, ocupante del asentamiento San Isidro, de Atyrá. Este al principio dijo llamarse Nelson Martínez Venialgo.
Según datos, los invasores tienen apoyo del Frente Guasu e incluso se menciona que Camilo Soares les envía víveres y todo apoyo logístico.
Luego de varias diligencias, 21 presuntos sintierras fueron imputados por el delito de invasión y se ordenó el desalojo de la propiedad. Sin embargo, “utilizando varias chicanerías jurídicas y extrajurídicas, la orden no pudo llevarse a cabo en el momento indicado”, dijo.
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Días después, la abogada de los invasores, Olga Estela González Rojas, una polémica seccionalera de Caacupé, recusó a los tres miembros de la Cámara de Apelaciones de Caacupé: Segundo Ibarra, María Estela Aldama y Carlos Cabriza. Esto hizo que el expediente llegara a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en febrero de 2011 y hasta la fecha no hubo resolución.
El letrado indicó que solicitó un recurso de amparo preventivo al juez Penal de Garantías de Caacupé, Paublino Escobar, ante la posibilidad de más invasiones. Sin embargo, el magistrado lo rechazó por considerar que no existía tal amenaza.
Franco dijo que por inacción judicial se perfecciona la ocupación y crece el número de invasores.
Esa situación hizo que otro grupo de 300 campesinos pertenecientes a la misma organización ingresara el viernes 8 de junio pasado a una propiedad colindante. El inmueble está en la compañía Pindoty.
Esta nueva invasión es investigada por el fiscal Elvio Aguilera, que se constituyó en el sitio el 16 de junio para identificar a los ocupantes. Sin embargo, no pudo hacerlo porque todas las personas que estaban en el lugar se negaron a identificarse y la mayoría se tapó el rostro. Desde ese día el caso está paralizado.
Posteriormente, el fiscal Aguilera fue recusado por los ocupantes y recién el viernes 27 de julio último, la fiscala adjunta María Teresa Aguirre confirmó a Aguilera en el caso. Pero, ahora, el representante del Ministerio Público está de vacaciones.
Invasores serían 600
Numerosas personas provenientes de distintos puntos de la región se suman a los invasores. En su mayoría son personas que poseen propiedades en otros lugares que formaron la comisión vecinal San Cayetano.
En la lista figuran Alcides Vargas, Cecilia González Vda. de Bolaños, Cecilio Servín, Manecio Estigarribia, Manuel Limenza, Cristian Zaracho, Isidro León, Óscar Ojeda, Andrés Orrego (conocido artesano de la zona que tiene una casa en la ciudad). También Malena González Vda. de Aceval y su hija Nuge Aceval de Saldívar, propietarias de la cerámica Santa Carolina y de una casa lujosa en el centro de Tobatí.
Intentamos comunicarnos con Malena González, pero no respondió nuestras llamadas a su teléfono. Mientras que en el teléfono de Andrés Orrego nos atendió una mujer que dijo ser su esposa. Dijo que su marido “ya no va a la propiedad invadida; las veces que fue, fue solo para visitar a un amigo”.