COLONIA MARANGATU, Salto del Guairá (Pablo Medina, enviado especial). El oficial de justicia Pedro Rafael Fernández Díaz, con mandato de la jueza de Salto del Guairá, Silvia Cuevas Ovelar, y el acompañamiento de 137 agentes policiales, procedió a expulsar a colonos de origen brasileño que hace más de 30 años ocuparon una propiedad de 380 hectáreas. Esta colonia se encuentra a 140 kilómetros del centro urbano del distrito.
El operativo se realizó el 6 de junio de 2013, pero recién desde el jueves personal contratado por los presuntos dueños destruyeron las viviendas abandonadas por los colonos en cumplimiento del mandato judicial.
Los desalojados son Inori José de Oliveira (52), Leo Inacio Schickling (53), Antonio Balduino (61), Jovelino Pizzatto (60), Devani Da Silva campos (60), João Balduino (61). Los afectados, con asesoramiento de los abogados Eunice Luiz de Giménez y Carlos Tomás Noguera, iniciaron en 2011 el juicio de usucapión con medida cautelar para evitar la restitución impulsada por los presuntos dueños.
Los antiguos ocupantes desconfían de la legalidad de los documentos arrimados por los dueños ante el Juzgado para forzar el desalojo. En ese sentido, los abogados de los colonos admitieron que la medida cautelar fue revocada, por lo que quedó vigente el mandamiento de desahucio.
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Sin embargo, los letrados aseguraron que el procedimiento de desalojo está viciado de nulidad, pues previamente no hubo notificación en tiempo y forma a los verdaderos ocupantes de la propiedad.
Asimismo, revelaron que entre los notificados aparecen nombres de colonos que ocupan tierras que pertenecen al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y además faltó la publicación en los medios masivos, como establecen las disposiciones legales.
Óscar Baranda, administrador de Rafael Gómez y Mario César Person Báez, dijo que las tierras pertenecen legítimamente a sus patrones. Añadió que la orden de desalojo confirma la autenticidad de la posesión.
Los colonos aseguraron que el juicio de usucapión aún no concluyó y que poseen suficiente derecho sobre las tierras, atendiendo que tienen viviendas y cultivos de rubros agrícolas en plena etapa de crecimiento. Mencionaron 200 hectáreas de maíz, 15 de trigo, mandioca, entre otros rubros.