Al ser consultada la fiscala Aquino, esta señaló que aún tiene tiempo para presentar su pedido, si así fuera necesario. Explicó que actualmente se están llevando a cabo pericias civiles, contables, caligráficas y otras diligencias, que de acuerdo al resultado que arrojen, pedirá o no la reapertura de la causa.

La representante del Ministerio Público dejó con sobreseimiento provisional a los siete imputados: el intendente Germán Villalba (ANR) y los seis funcionarios investigados, entre los que se encuentran Nelson Daniel Peralta Torres, Carlos Alberto Patiño, Arsenio Riveros, Miryan Giménez de Torres, Santiago Díaz Díaz y Juan Carlos Gómez.

El representante del Ministerio Público argumentó que el objetivo es imprimir diligencias que le ayuden a sostener una imputación, pero a este paso puede quedar impune el caso que investiga, consistente en hechos punibles contra el patrimonio, lesión de confianza, estafa, apropiación, producción de documentos no auténticos, exacción y enriquecimiento ilícito.

El Código Procesal Penal señala en su artículo 362, en el caso de los delitos: "Si dentro del año de dictado el sobreseimiento provisional no se solicita la reapertura de la causa, el juez declarará de oficio la extinción de la acción penal. Este plazo se extenderá a tres años cuando se trata de crímenes". El Art. 13 del Código Penal clasifica como delitos los hechos punibles cuya pena privativa de libertad es hasta cinco años o multa y como crímenes a aquellos cuya pena carcelaria va de cinco años en adelante.

El daño sufrido por el municipio no solo afectó los ejercicios 2002 y 2003, sino que comprometió incluso a los ingresos futuros de la comuna, lo que ha provocado un daño irreparable a la comunidad, según informe de la Contraloría General de la República. El daño se da porque los contribuyentes no pueden recibir todas las obras y servicios que deberían, porque se deben pagar deudas contraídas por una mala administración del dinero público en el año 2002.


DILIGENCIAS QUE FALTAN

- Solicitar informes al Ministerio de Hacienda sobre la inscripción en el registro de proveedores del Estado y acerca del RUC, trámites y fechas de obtención de las personas físicas y empresas contratadas para las obras.


- Realizar una pericia civil sobre los trabajos supuestamente realizados por la comuna, para determinar si efectivamente existen. De existir corroborar si los valores consignados en los contratos se ajustaban a los vigentes en el mercado en dicho momento.

- Solicitar copia del anverso y reverso de los cheques con los que fueran pagadas las supuestas obligaciones.


- Recibir la declaración del personal supuestamente designado o contratado y realizar pericias caligráficas sobre las constancias de pagos para definir, por un lado si recibieron los montos consignados en la documentación y por otro si efectivamente prestaron servicios para la institución.

- Pericia financiera y otros.


Obs: La fiscala Blanca Aquino había dejado con sobreseimiento provisional a los imputados, porque supuestamente faltaron realizar algunas diligencias a fin de sostener una imputación.