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Maciel Guerreño explicó que la ocupación ilegal de los tres terrenos, que tienen en total 280 hectáreas, se produjo en diciembre de 2012. Ese mismo mes se realizó la denuncia penal por invasión de inmuebles del Grupo Martín Martín, cuyos propietarios son Adolfo Martín Sánchez y Raúl Martín Martín.
Agregó que el hecho fue comunicado al Poder Judicial el 7 de Diciembre de 2012 y el Ministerio Público pidió informes al Registro Público de la Propiedad, institución que se expidió el 23 de enero de 2013. En el reporte se acredita fehacientemente la titularidad del Grupo Martín Martín sobre los inmuebles, sostuvo Maciel Guerrero.
El abogado mencionó que en julio de 2013, la Policía Nacional informó al Ministerio Público que las propiedades invadidas están 300 personas sin tierras que integran la comisión vecinal Capiibary, de Pedro Juan Caballero. Indica que los cabecillas son Vicente Gómez y Nilda Lezcano Centurión, quienes dijeron que la compra de los inmuebles están siendo negociadas entre el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y los dueños.
Sin embargo, mediante una nota del 30 de octubre de 2013, el Indert contesta afirmando que no existe trámite de compra a nombre de la comisión Capiibary.
“Se evidencia un desinterés del Ministerio Público para desalojar a los invasores. El caso está a cargo de la abogada Valeriana Ferreira Duarte, que a pesar de tener todos los documentos no realiza el desalojo y aprehensión de los cabecillas de los invasores”, expresó el abogado Rodney Maciel Guerreño.
Añadió que ante la nula acción de la fiscala, los empresarios lograron un recurso de amparo constitucional el 20 de marzo último firmado por el juez penal de Pedro Juan Caballero, Luis Alberto Noguera. El magistrado prohíbe el ingreso e instalación de cualquier persona y/o campesinos sin tierras en los inmuebles invadidos y aquellos colindantes, en referencia a otros 19 terrenos que están bajo amenaza, indicó.
La fiscala Valeriana Ferreira Duarte aseguró que está recabando todos los elementos y documentos necesarios para poder proceder en consecuencia. Indicó que comprende la impaciencia de los denunciantes, pero que ella debe seguir el proceso como corresponde.