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SANTA ELENA, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). Según la acusación, el exintendente César Balbuena (PLRA) y el extesorero de la Comuna, Eladio Chamorro, supuestamente ocasionaron un perjuicio patrimonial superior a G. 303 millones de los recursos del Fondo Nacional para la Inversión y el Desarrollo (Fonacide) a la Municipalidad local. Estos recursos debían ser destinados a obras en instituciones educativas, pero ellas existen solo en papeles ya que nunca se llevaron a cabo, de acuerdo con las denuncias.
Fiscalizadores de la Contraloría General de la República (CGR) presentaron durante la investigación actas de verificaciones en las que se constataron que la mayoría de las obras que figuraban en los documentos, como construcciones en las instituciones educativas, no se realizaron.
Desde mayo de 2017 vienen suspendiendo el juicio oral con la presentación de órdenes de reposo médico por la defensa de Balbuena. Para ayer fue marcado el inicio de la audiencia y por sexta vez fue eludido argumentado el mismo motivo: problemas de salud del exjefe comunal que le obligan a permanecer en cama.
La fiscala de Caacupé Sunilda González de Martínez señaló que hace un mes, tras la presentación de un certificado de supuesta enfermedad del exintendente, el médico forense del Poder Judicial fue comisionado para verificar la situación del procesado. El funcionario no pudo inspeccionarlo porque no se encontraba en su casa.
Por la presentación del sexto certificado médico de reposo, la fiscala solicitará que César Balbuena sea declarado en rebeldía a fin de que sea detenido para poder ser procesado como corresponde, señaló.
Antecedente
César Balbuena fue imputado en marzo del 2015 y estuvo con prisión preventiva por unos 10 diez días y luego fue beneficiado con medidas alternativas. En el informe pericial del laboratorio forense del Ministerio Público, elaborado por el licenciado Javier Rojas, se determinó con certeza, conforme a la documentación analizada, que los acusados incurrieron en el delito de lesión de confianza.
La fiscala Sunilda González de Martínez en su escrito califica la conducta del exintendente como antijurídica, reprochable y punible.
Agrega que el acusado traicionó la confianza depositada por la ciudadanía que lo eligió para velar por sus intereses y beneficiar a la comunidad.
Mejoras fantasma
Entre las obras fantasma constatadas por la CGR figuran la pintura completa de la escuela Victorino Torres, por G. 13 millones, y también la construcción de pistas, graderías y tinglado en el colegio Santa Elena, por G. 284 millones. En esta última institución solo se construyeron una pista de mala calidad y una parte de la gradería, por unos G. 100 millones.