Empresa insiste en compra de 500 hectáreas, pese a defectos de la ley

El Farol SA, cuya accionista principal es Adelaida Cañete, insiste en la compra de las 500 hectáreas de la Finca 916 del Ministerio de Defensa que alquila desde 2009 por una bicoca. La empresa presiona para que se cumpla la Ley 6094/18 que tiene datos erróneos y forma parte de un área silvestre protegida.

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El Farol SA tiene como principales accionistas a Adelaida Cañete y su hijo Hans Staseek. Comenzó a operar a finales de la década del 90 con el servicio de recolección de basura en Fernando de la Mora, cuando era intendente Federico Franco (PLRA). Con el transcurrir de los años y mediante el “apoyo político” de diputados, concejales e intendentes de los departamentos Central y Presidente Hayes, consiguió ampliar su cobertura a doce de los 19 distritos de Central y a otras ciudades de nuestro país.

Para lograr este propósito creó empresas satélite para que se dediquen exclusivamente a la recolección de basura.

Desde el 14 de enero de 2009 mediante un contrato con el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) arrienda por el irrisorio monto de G. 100 millones 500 hectáreas de la Finca 916, ubicada en Villa Hayes. La firma tiene licencia para explotar 50 hectáreas del predio para la disposición final de basuras.

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Plan de despojo

El 3 de diciembre de 2013 el diputado Tomás Rivas y el ahora exdiputado Óscar Núñez, colorados cartistas, presentaron un proyecto de ley para la venta de las 500 hectáreas a El Farol. El plan estuvo cajoneado hasta que el 19 de diciembre de 2017 (dos días después de las internas coloradas) se desempolvó y se aprobó sin más trámites.

Luego pasó a Senadores, que sancionó el 17 de mayo de este año; pasó al Poder Ejecutivo el 29 de mayo y el 7 de junio último tuvo promulgación automática como Ley número 6094/18. 

Según nuestras fuentes, el líder del “Clan Núñez”, exasesor político de Horacio Cartes y diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR) habría presionado para que la promulgación de la normativa tuviera la celeridad necesaria para poder concretar la venta antes de terminar el gobierno de Cartes. 

Pero la Ley tiene defectos que “trabaron” el negociado antes del 15 de agosto. La presión incluso desencadenó en la separación de cargos decisivos a funcionarios del MDN, como el contraalmirante Américo Ibarra Collar (exviceministro de Defensa Nacional que presentó “renuncia indeclinable”), Hugo Antonioli (director de Infraestructura y Patrimonio), y el abogado Javier Guillermo Ortiz (director de Asuntos Jurídicos). 

El 10 de julio último los funcionarios firmaron un acta en la cual puntualizan una serie de recomendaciones al MDN respecto a las 500 hectáreas pretendidas por el Farol SA. Una de las advertencias es que el inmueble se encuentra dentro del área silvestre protegida y se debe solicitar primero la reducción de esta para la venta. También sugiere una tasación institucional, teniendo en cuenta que El Farol presentó una propuesta de G. 12.098.776.500, es decir, G. 24.197.553 por hectárea, pagaderos en cuotas. Pero los inmuebles en la zona se cotizan en un promedio de G. 120 millones la hectárea.

Asimismo, se solicita a la Dirección General de Infraestructura y Patrimonio del MDN un estudio y descripción de los rumbos y coordenadas descriptos en la ley, conforme a la realidad del terreno (ver facsímil).

Nuestras fuentes indican que existen errores en los rumbos y coordenadas, que afectan a propiedades privadas colindantes con el predio codiciado. Si llegara a concretarse la venta el Estado se expondría a una demanda, advirtieron.

Pese a la existencia de “errores garrafales” El Farol insiste en concretar la compra de las 500 hectáreas. El objetivo es conseguir el predio antes que el Congreso Nacional trate la derogación de la mencionada ley a propuesta presentada el 9 de agosto por los senadores Blas Llano (PLRA) y Sixto Pereira (Frente Guasu). 

Esta iniciativa fue remitida a la comisión de legislación, codificación, justicia y trabajo y todavía no existe un dictamen. 

El ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, antes de asumir en el cargo, dijo que la ley carece de un punto muy importante, que es la desafectación del área silvestre protegida que forma parte de la mencionada superficie. “Así como está esa ley, no se puede vender; la ley autoriza al ministerio a vender, pero el ministerio puede reservarse la potestad de decidir si vende o no vende, pero en estas condiciones no se puede vender”, afirmó.

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