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SAN BERNARDINO, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). En enero de este año, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) presentó un listado de 194 empresas responsables de la grave contaminación que afecta el lago Ypacaraí. La nómina fue entregada a la Fiscalía General del Estado para el inicio de una investigación, y el titular de la dependencia, Javier Díaz Verón, señaló que sin importar las empresas que sean, estas deben ser imputadas en caso de comprobarse el delito.
Sin embargo, cinco meses después, no hay un solo condenado o multado por el hecho. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, dijo que el proceso de la aplicación de las leyes es muy lenta. Agregó que desde marzo realizaron una gran cantidad de intervenciones en varios establecimientos de la Cuenca del Lago Ypacaraí, como curtiembres, mataderos y otros. En las constituciones se iniciaron sumarios y carpetas fiscales, con lo que se logró que por lo menos un tercio de las firmas adecuen sus instalaciones.
No obstante, manifestó que otros establecimientos siguen operando y contaminando en total impunidad. Al respecto, Fretes dijo que solicitará a los fiscales y jueces que intervienen en los casos, una mayor celeridad y la aplicación de sanciones ejemplares a los infractores. “Ya es hora de que en este país los destructores del medio ambiente sean sancionados como corresponde”, acotó.
Por su parte el fiscal adjunto, Dr. Jorge Sosa expresó que “el lago Ypacaraí es una causa nacional. Sin embargo, el Ministerio Público es el último eslabón en la cadena de control, porque somos la acción represiva”. Señaló que esta acción se aplica cuando todos los mecanismos de control fracasaron. Explicó que hay un componente de corrupción, “no se hicieron los controles y las consecuencias las estamos pagando nosotros”. Aseguró que la imputación no afecta a las empresas, si no hay suspensión de actividades.