GENERAL BRUGUEZ, Presidente Hayes (Juan Jara, enviado especial). La patética situación de abandono y de miseria de este distrito chaqueño no solo se refleja en la pésima administración del intendente, Reinaldo Silvera (ANR), y de la gestión de los nueve concejales que integran la Junta Municipal. También esta es patente en el desinterés de las autoridades comunales en hacer que funcionen las oficinas de importantes instituciones públicas, como de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y de Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).
Los edificios fueron construidos en el año 1987, durante el gobierno del dictador Alfredo Stroessner. Actualmente los locales están en ruinas, a pesar de ser una estratégica localidad fronteriza del Chaco. A Silvera y a los nueve concejales no les interesa el distrito, tanto que prefieren vivir lejos; Silvera maneja la Municipalidad desde su casa de Mariano Roque Alonso, en el departamento Central.
Los integrantes de la Junta Municipal son Valentina Britos, Valvina Martínez Díaz, Leoncia Gómez, Juan Bautista González, Juan Marciano Morán y Carlos María Morán, todos de la ANR. Entre los liberales figuran Máxima Ramona Alarcón y Nilda Idalina Correa; y del PQ, Tomás Martínez.
Las oficinas instaladas “para dar vida al distrito fronterizo” en una de las cabeceras del puente internacional “Juan Domingo Perón”, sobre el río Pilcomayo, nunca cumplieron con su objetivo. La pasarela comunica General Bruguez con la localidad argentina de General Belgrano.
Varios elementos de los puestos de control fronterizo, con el transcurrir de los años, fueron rapiñados. Partes de las construcciones están completamente deterioradas y corren riesgo de derrumbe.
Como responsable de la administración municipal, Silvera debió exigir al Estado el funcionamiento de las sedes para que haya control en esta zona fronteriza. Sin embargo, según denuncias, la ausencia de estas instituciones son un negocio rentable para algunos influyentes de la comunidad, donde el abigeato, el contrabando de mercaderías, el rollotráfico y hasta el narcotráfico pagan el “silencio” de pobladores y autoridades.
El completo desinterés de las autoridades nacionales y locales hacia esta comunidad no solo se evidencia en los puestos de control fronterizo. También la comisaría 10ª de esta localidad funciona con muchas limitaciones. Al no tener un local propio, desde hace años opera en una precaria vivienda prestada por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) regional General Bruguez.
Cuenta con seis efectivos policiales y una patrullera para realizar los controles en la zona. Sin embargo, no gozan de la total confianza de los pobladores porque los retenes que en ocasiones realizan en la línea fronteriza no arrojan resultados.