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SAN ANTONIO (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). El exjefe comunal de esta localidad Raúl Mendoza (PLRA), quien busca su reelección, deberá comparecer el próximo jueves 12 de noviembre al mediodía ante la fiscala María José Pérez para una indagatoria. El Ministerio Público fijó nueva audiencia debido a que el miércoles último la audiencia fue suspendida por falta de garantías y el intento de amedrentamiento a la fiscala del caso por parte de un grupo de parlamentarios y seguidores del exintendente.
La indagatoria de Mendoza forma parte del proceso de investigación que se le sigue por supuesta lesión de confianza. Se basa en una denuncia entablada por un grupo de ciudadanos y algunos cuestionados políticos de la zona, como el exintendente colorado Ricardo Rodríguez, procesado por estafa y falsificación de documento público.
La denuncia que obra en la Fiscalía habla de la presunta mala utilización de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Durante la administración de Mendoza, la Comuna recibió más de G. 3.600 millones entre 2012 y 2015.
“Ya le notificamos al exintendente para prestar declaración. El miércoles no se pudo realizar por la turba que sitió la sede fiscal”, expresó la fiscala Pérez.
Dijo que solicitó informes al Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República (CGR) sobre el destino de los recursos transferidos a Mendoza.
El exjefe municipal calificó de persecución política la investigación que se sigue y que tiene como objetivo evitar su victoria en las elecciones del 15 de noviembre. Además, cuestionó la celeridad que imprime la fiscala Pérez en su caso, estando en plena campaña electoral.
“La Controlaría auditó mi gestión y el único error que cometimos es que no enviamos el informe del segundo cuatrimestre a tiempo, por el corte administrativo”, dijo. Indicó que uno de sus detractores, Ricardo Rodríguez, esposo de la concejala Damiana Báez (ANR), afronta un proceso judicial.
Obra sobre basural
El exintendente Raúl Mendoza comentó que las aulas de la escuela San Miguel fueron construidas sobre un relleno de más de 4 metros de profundidad, por lo que la estructura es segura y no corre riesgo de derrumbe. En esta institución se destinaron más de G. 300 millones, según explicó el ex jefe comunal.
“En esta escuela no solo se destinó dinero del Fonacide sino también de royalties y recursos genuinos, porque se construyeron muros y muralla”, expresó Mendoza. Añadió que las obras fueron fiscalizadas.
La directora, Lucía Recalde, denunció que los salones tienen enormes grietas y además las paredes y el techo están cubiertos de moho.