El 29 de agosto pasado, Nivaldo Ourikes Kestring y María Magdalena Díaz Vda. de Dirks se presentaron ante el juzgado de María Auxiliadora para una audiencia preliminar.

Alexis Benítez Rodríguez, presidente de la firma Agro Nikas SA, debió presentarse el mismo día. No cumplió ninguna de las citaciones. Fue declarado en rebeldía.

Nivaldo Ourikes Kestring, María Magdalena Díaz Vda. de Dirks y Alexis Benítez Rodríguez se encuentran imputados por una serie de supuestos delitos, entre ellos desacato a orden judicial.

Tanto Ourikes Kestring como la viuda de Dirks admitieron responsabilidad en la comisión del delito.

Reconocieron que violaron la orden de no innovar impuesta sobre la propiedad de la familia Eisen, en Mayor Otaño, Itapúa.

El juzgado de primera instancia en lo civil de Encarnación estableció una medida cautelar que fue violada por los imputados con el cultivo y cosecha de granos.

Daños sin reparar

Los acusados admitieron responsabilidad ante el Ministerio Público y solicitaron una suspensión condicional de procedimiento.

El fiscal Luis Alberto Albertini pidió al juez Hugo Alberto Centurión, de María Auxiliadora, que ambas personas sean beneficiadas con esta figura penal.

Con posterioridad al pedido, el fiscal Luis Albertini solicitó permiso para ausentarse en el trabajo.

El seguimiento del proceso quedó a cargo del fiscal Walter Castro. Este agente del Ministerio Público se ratificó en el pedido en favor de los acusados.

El Ministerio Público plantea el pago de 10 millones de guaraníes en favor del Estado, en concepto de reparación de daños.

Ambos fiscales señalan que la violación de la orden judicial es un daño que afecta solo al Estado.

Ni Albertini ni Castro tomaron en cuenta que la propiedad de la familia Eisen fue ocupada por espacio de dos años y en este tiempo se cultivaron granos que generaron ingresos ilegales por valor superior al millón de dólares.

Los fiscales Luis Alberto Albertini y Walter Castro dejaron de lado el daño que sufrió la familia Eisen. Mencionan al Estado como único perjudicado y piden 10 millones de guaraníes por la comisión de delito.

Oposición del juez

El juez Hugo Alberto Centurión resolvió oponerse al pedido de los fiscales, considerando que la causa debe elevarse a juicio oral y público.

El juzgado remitió copia del expediente al fiscal adjunto de Encarnación, Edward Irala, con el propósito de que ratifique o rectifique la solicitud de suspensión condicional de procedimiento que hicieron.

Si Edward Irala se ratifica, la causa será cerrada y la familia Eisen no recibirá una reparación por el daño que causó el equipo de Luis Aníbal Schupp con la ocupación de su tierra.

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